CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), informó que de 2016 a la fecha han recibido 200 denuncias por violencia política en contra de mujeres, que van desde agresiones verbales hasta violencia física. El funcionario detalló que las entidades con más denuncias son Chiapas, Veracruz y Estado de México. Y por la misma situación se han abierto dos carpetas de investigación en contra de funcionarios de los institutos electorales de Quintana Roo y de Guerrero. Con la participación de académicas y representantes de instituciones públicas y sociales, así como de partidos políticos, la FEPADE encabezó este miércoles la Mesa de Trabajo en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. De acuerdo con Díaz Santana, la realidad en estos tiempos es que las mujeres que aspiran a ocupar cargos de elección popular son víctimas de violencia, y se trata –dijo– de una violencia que expresa la misógina política, los resabios de una cultura de ofuscamiento que niega, hasta por violencia extrema, la participación de la mujer, su decir, su hacer y su pensar. En el Aula 1 de la Universidad de las Américas Puebla, donde se realizó el evento, las participantes expusieron sus experiencias, y las funcionarias públicas expresaron la intolerancia con que han sido tratadas. Las mujeres, se dijo, enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos políticos electorales, que van desde la coacción del voto para beneficiar a algún partido político o a algún candidato, hasta las campañas con denostaciones y epítetos por el hecho de ser mujer. En la mesa se plantearon cuatro objetivos, en el primero de los cuales se propuso establecer un espacio de consulta ciudadana contra la violencia política hacia las mujeres durante el proceso electoral en 2018. De igual manera, coadyuvar para hacer del conocimiento de las instancias federales y locales casos de violencia política por motivos de género; impulsar el crecimiento y la atención de medidas cautelares ante cualquier acto de violencia y, por último, promover las acciones que realizan instancias locales para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política por motivo de género y retomar practicas exitosas para su difusión. Las y los asistentes coincidieron en que la violencia contra la mujer exige la reprobación social e institucional, y aseguraron que se está trabajando para terminar con esa práctica.