CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A unas cuantas horas de que termine el periodo ordinario de sesiones, el pleno del Senado pretende “mayoritear” esta noche la Ley General de Comunicación Social, sin hacerle modificaciones a la minuta aprobada en la Cámara de Diputados y que ha generado el repudio de organismos civiles y de legisladores opositores que denominan a este ordenamiento como ley chayote, debido a que mantiene el control político de la Secretaría de Gobernación sobre los medios y mantiene el “dispendio” del gasto. En su intervención, en contra del dictamen y para presentar el voto particular, el senador independiente Alejandro Encinas argumentó, que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se destinaron 40 mil millones de pesos en gasto de comunicación social, donde 28 mil millones de ellos se ejercieron por la vía del sobrecosto. De estos recursos, cerca de 58% se ha concentrado en sólo 20 medios, y más de 20% del gasto se destinó a las dos grandes televisoras: Televisa y TV Azteca. Encinas calificó como “lamentable” que se pretenda aprobar este dictamen que va en contra de la reforma constitucional del artículo 134 y en contra también “del fondo de la sentencia” de la Suprema Corte de Justicia. También presentó un voto particular, en contra, el senador panista Héctor Larios, quien calificó de “denigrante” que se apruebe una ley con un “capítulo de sanciones sin sanciones”. El legislador insistió en que esta minuta legaliza el método de “tirar el dinero de los contribuyentes a la basura”, en campañas de promoción de los gobernadores y funcionarios. Por ejemplo, citó Larios, el ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, “gastó más en propaganda que en obra social”. La correlación de fuerzas quedó clara al filo de las 20:30 horas, cuando el pleno del Senado rechazó por 37 votos a favor y 58 en contra la moción suspensiva planteada por la senadora independiente Martha Tagle. La legisladora argumentó que, como la mayoría del PRI y Partido Verde no pudo avanzar sobre esta minuta en las tres comisiones dictaminadoras, ahora pretenden “mayoritear” en el pleno. La senadora Tagle enumeró las deficiencias en el procedimiento y en el contenido de esta Ley General de Comunicación Social, empezando por el cambio de nombre original, que era Ley de Propaganda Gubernamental, y sentenció que no por cumplir con el plazo límite fijado por la Suprema Corte de Justicia –que es el próximo 30 de abril-- se podía aprobar cualquier ley. También reprochó a la mayoría priista la intención de “aplastar, de no entender y de continuar con este proceso a pesar de todo. Tiene como fin supuestamente atender la resolución de la Corte, pero nada más alejado de eso”. El priista Raúl Aaron Pozos Lanz, presidente de una de las comisiones dictaminadoras, presentó en tribuna el dictamen general, señalando que la ley no vulnera los derechos de acceso a la información, de la libertad de expresión y la participación ciudadana. “Consideramos inaplazable el cumplimiento de la ley”, sentenció el priista, con el argumento de que deben respetar el plazo máximo del 30 de abril que les puso la SCJN. La discusión en el pleno se prolongó durante la noche de este miércoles 25 de abril. mav