CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano sostuvo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que “no existen elementos fehacientes que acrediten la participación de agentes del Estado” en la desaparición de la familia Alvarado en el municipio chihuahuense de Buenaventura, en diciembre de 2009. Como lo reportó Apro desde la sede de la CoIDH en San José, Costa Rica, el gobierno del priista Enrique Peña Nieto planteó ante los jueces la versión de que los jóvenes fueron víctimas de la delincuencia organizada disfrazada de militares, versión que el magistrado ecuatoriano Patricio Pazmiño cuestionó. En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Gobernación (Segob) y Procuraduría General de la República (PGR) afirmaron que presentaron “los avances en las indagatorias impulsadas por el Estado mexicano para esclarecer los hechos e identificar a los responsables, así como compartir los planes de investigación y búsqueda en el caso”, y ello, a nueve años de ocurrir los hechos, que se juzgan por supuestos actos de desaparición forzada perpetrada por militares mexicanos. Las dependencias insistieron en que “al tiempo que sucedieron los hechos del caso, se registraba una fuerte presencia de organizaciones delincuenciales” que “recurrían al uso de vestimenta tipo militar, como se hizo patente en la exposición en el marco del presente caso”. “Con todo ello, se sostuvo que la desaparición de las tres víctimas no es atribuible al Estado, y que no se comprueban los elementos para establecer la existencia de una desaparición forzada en el presente caso, además de que no habría existido un móvil que haya sido dirigido o encaminado por parte de agentes del Estado a la desaparición de las presuntas víctimas”, insistieron la SRE, Segob y PGR.