CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por una resolución del Poder Judicial de la Federación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) estarán obligadas a reabrir expedientes de queja por tortura, violaciones al debido proceso y a la libertad de expresión, que fueron cerrados por ambos organismos autónomos. La resolución del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del amparo en revisión, R.A 319/2017, dio la razón al periodista Ramón Alfonso Sallard López, quien interpuso un recurso contra la negativa de las comisiones nacional y local de derechos humanos de investigar presuntas violaciones a derechos humanos cometidos en su contra en 2011, y de las que acusó al exjefe de gobierno Marcelo Ebrard, a quien fuera su procurador, Miguel Ángel Mancera, y al entonces secretario de Gobierno, Héctor Serrano. En conferencia de prensa, en compañía de su abogado, Oscar Valdés Ramírez, y el coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Javier Enríquez Sam, Sallard López recordó que el origen de su queja contra los funcionarios públicos tiene que ver con la “fabricación del delito de fraude” en su contra, por lo que fue detenido y encarcelado durante seis meses, en el Reclusorio Norte, tiempo en el que sostuvo fue víctima de tortura e intento de homicidio. Sallard fue liberado en enero de 2012 y absuelto de los delitos que se le imputaban. El periodista acusó a la entonces presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, de haber protegido a las autoridades capitalinas, al negarse a investigar los hechos denunciados, en tanto que en la CNDH argumentaron que su queja en contra del organismo local fue presentada a destiempo. El abogado defensor destacó que en principio, el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Fernando Silva García, sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por Sallard, al considerar que, pese a “tener por ciertos los actos reclamados”, las violaciones habían sido “consumadas irreparablemente”. Sin embargo, en la segunda instancia, el Tribunal revirtió la sentencia emitida por el juez Silva García, por lo que la CDHDF tendrá que reabrir el expediente e investigar la denuncia presentada por Sallard en marzo de 2013. El abogado Valdés Ramírez resaltó que la resolución es un precedente relevante toda vez que es la primera ocasión que el Poder Judicial de la Federación emite un fallo en contra de los organismos autónomos de derechos humanos, “lo cual abre el camino para someter al orden constitucional a las instituciones no jurisdiccionales de defensa de los derechos humanos en nuestro país”. En próximos días, Valdés hará pública la resolución del amparo en revisión, con el objetivo de que “todos aquellos quejosos a quienes la CNDH les haya cerrado un caso, puedan recurrir al Poder Judicial de la Federación para impugnar la conclusión del asunto”.