Comité DESC-ONU alerta por corrupción, desigualdad, violencia, impunidad y discriminación en México

miércoles, 4 de abril de 2018 · 20:56
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas expresó serias preocupaciones sobre situaciones de corrupción, desigualdad, violencia contra defensores de derechos humanos y la impunidad, así como la falta de consulta a pueblos indígenas y la discriminación hacia mujeres, en el más reciente informe sobre México, aprobado el pasado 28 de marzo. De acuerdo con las observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto, presentados por México durante la 28 sesión celebrada en Ginebra, el Comité realizó un amplio balance en materia de respeto a derechos conocidos como DESC y presentó al menos 70 recomendaciones para atender temas que van desde la protección de los defensores y el combate a la impunidad, hasta cuestiones de salud, alimentación y educación. Según el documento dado a conocer este miércoles, entre las preocupaciones del Comité resaltan los “graves actos de violencia cometidos contra defensores de derechos humanos, en particular de derechos económicos, sociales y culturales y los altos niveles de impunidad con relación a dichos actos”. El organismo de la ONU lamentó que “las medidas de adoptadas para brindarles protección no sean suficientemente efectivas, en parte, debido a la falta de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales y a la falta de asignación de recursos suficientes para su implementación”. También consideró grave que, pese a la normatividad internacional y constitucional sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, “no se respete plenamente el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado, principalmente en lo relativo al desarrollo de proyectos económicos y de explotación de recursos naturales”. En ese sentido, el organismo calificó como lamentable la falta de obligatoriedad de las empresas para aplicar “los principios de la diligencia debida en materia de derechos humanos”, así como la persistencia de “dificultades para acceder a recursos judiciales efectivos, incluyendo el juicio de amparo”. La resolución destacó: “El Comité está preocupado por los altos niveles de corrupción e impunidad que persisten en el Estado parte. Asimismo, le preocupa la falta de protección adecuada contra las personas que denuncian o investigan sobre casos de corrupción”. El Comité DESC de la ONU alertó sobre la constante discriminación hacia mujeres, sobre todo, de grupos más vulnerables como las indígenas, condición que se advierte de manera particular en la incorporación de las mujeres en el ámbito laboral así como en temas graves como los feminicidios, en que resultan alarmantes “los altos índices de impunidad”. Economía y pobreza El informe se ocupó también de la situación económica de la clase trabajadora del país, al señalar que el salario mínimo no es suficiente “para proporcionar condiciones de vida dignas a los trabajadores y sus familias”. Además, consideró preocupante que “57% de los trabajadores labora en el sector informal de la economía” y que ese sector está “fuera del sistema de protección social”, así como que “niños menores de 14 años estén involucrado en trabajo infantil”. También destacó que, “pese a medidas adoptadas para la lucha contra la pobreza, los niveles de pobreza y pobreza extrema, así como la desigualdad siguen siendo significativamente altos, afectando a los grupos más desfavorecidos y a los pueblos indígenas”. El Comité se ocupó de la situación precaria de los familiares de personas desaparecidas, así como de aquellas que se han visto obligadas a desplazarse forzosamente por los niveles de violencia. En esos casos, recomendó “asegurar que el acceso e implementación de los programas de apoyo a los familiares y allegados de las personas desaparecidas se realice evitando la revictimización de los beneficiarios”. Además, sugirió abordar las causas y el origen de la “situación generalizada de violencia y conflictos territoriales a fin de prevenir los desplazamientos internos”. De la misma forma, recomendó generar una “política integral y específica, con información adecuada, recursos suficientes y definición de metas claras, que permitan una protección efectiva a las personas desplazadas internamente”. En cuanto a los derechos a la salud y a la salud sexual y reproductiva, el Comité alertó sobre “el número considerable de personas que no tiene acceso a servicios de salud adecuados y de calidad”. Destacó que la disparidad es significativa en las regiones en cuanto a la accesibilidad al derecho a la salud, así como las “graves discrepancias” en materia legislativa relativa a la interrupción voluntaria del embarazo y la persistencia de dificultades para su acceso efectivo. Entre las diversas recomendaciones al Estado mexicano, el Comité DESC exhortó a acabar con la impunidad que gira alrededor de la violencia contra defensores de derechos humanos, para lo cual urgió a prevenir la violencia e investigar los casos existentes, fortalecer los mecanismos de protección y las campañas de sensibilización, así como hacer efectivas las consultas a pueblos indígenas impactados por mega proyectos. El organismo recomendó diseñar una política fiscal equitativa y un presupuesto que “garantice el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de todos los sectores de la población, en particular de grupos e individuos más marginados y desfavorecidos”. También sugirió combatir la discriminación, en particular de mujeres, reducir la brecha salarial por razón de sexo y las tasas de desempleo y subempleo, así como continuar incrementando el salario mínimo. En cuanto al tema de los feminicidios, exhortó al Estado a llevar a cabo “investigaciones exhaustivas” en todos los casos, fortalecer los mecanismos de prevención de violencia, capacitar a agentes del orden y jueces y asegurar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas. Por último, el Comité hizo recomendaciones en materia de vivienda, de derecho a la alimentación, para reducir pobreza y desigualdad, sobre el acceso al agua y el saneamiento, así como en materia educativa, a la diversidad cultural y participación en actividades culturales y científicas, entre otras.  

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