CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El caso de Marco Antonio Sánchez Flores --el estudiante de la Preparatoria número 8 que desapareció durante cinco días tras ser detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina-- escaló el ámbito internacional luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció la existencia de violaciones a los derechos humanos del joven y emitió una Medida Cautelar al Estado mexicano por el caso. Esta mañana la defensa legal de la familia -que lleva la defensoría por los Derechos de la Infancia (ODI), la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)- dio a conocer la Medida Cautelar No. 48-18 que giró la CIDH, desde el pasado lunes 2 de abril. En el documento -- vinculante para el Estado mexicano-- el órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) solicita al Estado “adoptar las medidas necesarias para preservar los derechos de la vida, la integridad y la salud” de Marco. Además, le exige concertar con la defensa y la familia el tipo de atención médica y psicológica que será brindada a Marco, de ahora en adelante. Este último punto porque, según narró en conferencia de prensa y previamente a Apro Edith Flores, la madre del adolescente de 17 años, el trato que ha recibido su hijo en el Instituto Nacional de Pediatría y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, no ha sido el adecuado: lo han amarrado, y actualmente recibe un tratamiento sin un diagnóstico, con el suministro de medicamentos que han tenido consecuencias en su salud. “Tengo mucha preocupación por la salud de mi hijo, porque el medicamento que le están dando ha hecho que suba 20 kilos de peso, porque le produce ansiedad (...) A mi hijo lo sujetaban, lo amarraban de los pies y las manos y él se azotaba en la camilla y eso hacía que sangrara mucho de la nariz. Eso no me lo dijeron los doctores”, narró entre lágrimas la madre del joven. “Además de la sujeción, ahora tenemos una saturación de medicamentos para mantenerlo dopado”, comentó Juan Martín García director ejecutivo de la REDIM. Integridad de Marco, en riesgo En su resolución, la CIDH consideró que “a primera vista” los derechos de a la vida, la integridad y la salud del joven se encuentran en riesgo. Esto a pesar de que en una primera respuesta a la solicitud de información que hizo la CIDH -fechada el 23 de febrero -, la Secretaría de Gobernación informó al órgano autónomo su consideración de la no procedencia de la solicitud, puesto que se había localizado a Marco con vida. En la Medida Cautelar también se indica que, en un plazo no mayor a 15 días, el gobierno mexicano debe informar a la CIDH su respuesta, así como entregar información periódica del caso. Además, las medidas de preservación deberán considerar su condición de adolescente. “Este mecanismo que activa la Comisión es para evitar que ocurran daños irreparables a los derechos de Marco, pero de manera puntual el de su salud. La comisión lo que está diciendo es que se debe de entender su condición de niño y salvaguarda su vida. Las medidas tienen que ver con la atención médica y psicológica, además del consentimiento informado de él y sus padres, cosa que no se ha dado. “Es una acción muy importante porque primero confirma las violaciones que las organizaciones han estado señalando y porque exige al Estado reforzar las medidas de protección”, explicó Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). El mecanismo de las Medidas Cautelares es parte de la función de la CIDH. Estas fueron parte de la respuesta del organismo internacional a la solicitud que presentó la defensa de Marco, el 28 de enero pasado y que tenía como primer punto localizar al joven con vida. Avances En la presentación de la Medida Cautelar, las organizaciones defensoras informaron además que, tal como lo anunció la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) , Nashieli Ramírez Hernández, el caso ya fue atraído por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que preside el ombudsman Raúl González Pérez. Sin embargo, puntualizaron que esta fue una petición de las organizaciones defensoras y no de la CDHDF, por la postura de revictimización que adoptó la comisión local hacia Marco, supuestamente sugerir que el estudiante tenía antecedentes de afecciones psicológicas. Simón Hernández León, del IJPP, dio a conocer que actualmente existe una carpeta de investigación en la Procuraduría General de la República (PGR), misma que se inició por desaparición forzada, mientras que las diligencias que se siguen en la Procuraduría General de Justicia (PGJ-CDMX) son por abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público. Finalmente, Marco Antonio Sánchez y Edith Flores, padres de Marco comentaron que el joven sigue sin tener las condiciones cognitivas para poder articular un discurso y declarar ante la PGJ-CDMX. “Marco salió de su casa el 23 de enero y no ha vuelto”, comentaron.