CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, reprobó la medida tomada por el gobierno de Estados Unidos, de desplegar a tropas de la Guardia Nacional a la frontera con México, en tanto que conminó al gobierno de Enrique Peña Nieto a prevenir violaciones a derechos humanos de connacionales y de migrantes centroamericanos que huyen de la violencia en sus países de origen. Luego de participar en la inauguración del conversatorio “Migración de Retorno y Derechos Sociales: Barreras a la Integración”, efectuado en el Colegio de México, González Pérez consideró que el despliegue de la Guardia Nacional, es “un ingrediente más de esa política xenofóbica, racista”, del gobierno de Donald Trump, que envía un mensaje de “intimidación, de temor, que es lo que ha venido haciendo en un poco más de un año de su administración”. Al señalar que el gobierno de Enrique Peña Nieto tendría que poner como eje de actuación “la dignidad nacional”, el ombudsman puntualizó que “ninguna negociación, ningún pacto, puede dejar de lado el aspecto humanitario” para atender a “personas que huyen de la violencia o de condiciones desfavorables”, no sólo connacionales. “Nosotros tenemos que tener un papel de dignidad hacia la persona, de una dignidad institucional de respetar precisamente, también los derechos humanos de los indígenas”, añadió González Pérez. Sobre la reacción del gobierno de Peña Nieto, consideró que “México no tiene que estar pendiente de los dictados de ningún otro gobierno, porque México en el ejercicio de su soberanía, pero con respeto a la dignidad humana, tiene que tomar sus propias decisiones, tiene que fortalecer su política de confianza hacia los mexicanos y vamos a estar pendientes de que no se violenten los derechos humanos”. El presidente de la CNDH sostuvo que personal del organismo ha acompañado a la Caravana Migrante, y secundó al coordinador del movimiento, Irineo Mujica, de que el éxito de esa movilización es que se visibilizó el problema migrante. En el conversatorio destacó que “la migración no se detendrá por la construcción de obstáculos reales o metafóricos”, por lo que “edificar barreras físicas como el tan mencionado muro fronterizo o apelar al recurso del miedo y la intimidación mediante la movilización de la Guardia Nacional, no evitarán que las personas se movilicen, buscando mejores condiciones de vida y perspectivas de desarrollo”. Al recordar que en 2016, se calculó que residían 11.6 millones de migrantes mexicanos en el país del norte, González Pérez expresó su preocupación por la inexistencia de políticas públicas integrales para garantizar el retorno de los mexicanos expulsados de Estados Unidos, tras considerar que “es altamente probable que el cambio en la política migratoria de Estados Unidos tenga como consecuencia la repatriación de miles de mexicanos”. Advirtió que el Estado mexicano “tiene una deuda con todos aquellos connacionales que se vieron en la necesidad de dejar nuestro país en busca del llamado sueño americano, al no haberles proporcionado, en su momento, las condiciones económicas, laborales, sociales y de seguridad mínimas para desarrollar su vida en nuestro país”.