CIUDAD DE MEXICO (apro).- Si bien el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM) se convirtió en un tema más de la contienda electoral, ningún aspirante a Los Pinos dimensionó las afectaciones que generará el megaproyecto en los pueblos aledaños, así como a los habitantes de la zona metropolitana. "(José Antonio) Meade y (Ricardo) Anaya dicen que el aeropuerto va. Andrés Manuel López Obrador es muy ambivalente: se queda en la opacidad y corrupción de los contratos, pero ninguno se ha centrado en la destrucción ambiental y del tejido social de las comunidades", fustigó César Augusto Sandino Rivero, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Reunidos en la Casa Lamm, representantes de pueblos mexiquenses afectados por las obras del nuevo aeropuerto, académicos y activistas opositores al mismo expusieron esta tarde sus críticas sobre las inviabilidades legales, ambientales y sociales del megaproyecto más importante de la administración de Enrique Peña Nieto. Julieta Lamberti, coordinadora de investigación en la organización PODER, señaló que los beneficiarios del NAIM serán los de siempre: la clase política y los empresarios más poderosos del país. La investigadora subrayó que el magnate Carlos Slim ganó los contratos más jugosos de la obra; además, otorgó un préstamo de más 3 mil millones de dólares para la obra a través de su grupo financiero Inbursa, mientras que su yerno diseñó el edificio terminal. Luego añadió que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) otorgó nueve de cada diez contratos del aeropuerto mediante adjudicación directa o licitaciones limitadas, y señaló que funcionarios de este organismo incurren en conflictos de interés. El arquitecto Jesús Flores recordó que, además del alto precio de la obra -9 mil 500 millones de dólares-, el aeropuerto detonará la emisión de gases de efecto invernadero en la zona metropolitana, acelerará el agotamiento de los mantos freáticos profundos del acuífero de Texcoco y expandirá todavía más la mancha urbana. Fernando Córdova, académico de la UNAM, e integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), denunció que en torno al nuevo aeropuerto no se realizaron manifestaciones de impacto ambiental, sino de "cinismo ambiental", pues una de las empresas que realizó los estudios tiene por socio a un funcionario de la Semarnat. La “nueva Santa Fe en Texcoco" El gobierno federal se mantuvo discreto respecto de la llamada "Aerotrópolis", el proyecto urbano que pretende construir cerca del aeropuerto y que se convertirá en "una nueva Santa Fe en Texcoco", conectada al sistema de aguas de Texcoco. El académico aseveró que prácticamente no existe información sobre este proyecto urbano, que se llevará a cabo de manera paralela al NAICM; en la reunión se planteó que la carretera que unirá la ciudad con el aeropuerto divide prácticamente la parte habitada de las comunidades y los sembradíos ejidales. Sandino Rivera insistió en que "la lucha jurídica continuará en el próximo sexenio", pues recordó que la justicia debe pronunciarse sobre un amparo que los pueblos vecinos interpusieron contra el megaproyecto en 2015. En dicho amparo, los pobladores aseveraron que no fueron consultados previo a la puesta en marcha del proyecto, lo que invalidaría legalmente la obra. "El amparo es la columna vertebral de la lucha jurídica para echar atrás el aeropuerto", aseveró el abogado, al advertir que la falta de independencia de la justicia podría jugar en contra de los opositores al proyecto. "Cuatro ministros estuvieron en el cumpleaños de Carlos Salinas de Gortari", recordó. El letrado insistió en que la resistencia contra el nuevo aeropuerto no puede disociarse de la violenta represión con la que hace 12 años el gobierno mexiquense de Enrique Peña Nieto arremetió contra los pobladores de San Salvador de Atenco. "La intención es enviar a la cárcel a cualquier persona que tenga una manera distinta de pensar", deploró. "No sólo es la corrupción, que debería ser castigada con cárcel y sancionada por la historia, también lo debe ser el despojo total a nuestros recursos naturales, que nos van a dejar en la nada, en la miseria", sostuvo la activista América del Valle. Lidia Ramos vive en Ixtlahuaca, un pequeño poblado perteneciente al municipio de San Martín de las Pirámides, donde las empresas constructoras extraen rocas para el NAICM. "Cuando llegaron los devastadores con su maquinaria, a nadie pidieron permiso porque ya tenían un pacto con el presidente municipal", recordó la mujer. "¿Qué podemos hacer para luchar contra este monstruo? ¿A qué autoridades tenemos que recurrir para que nos hagan caso?", planteó. Durante la conferencia se subrayó que la explotación de los cerros no fue tomada en cuenta en los estudios ambientales del proyecto. El pasado 3 de mayo, la comunidad de San Pablo Atazalpan, municipio de Chalco, consiguió la clausura de la extracción de rocas que llevaba a cabo la empresa Sixsa, presuntamente fantasma. "Pero no sabemos si la clausura es definitiva", deploró el poblador Vicente García. Momentos antes de concluir el evento, una pobladora de Atenco extendió un reclamo a López Obrador: aseveró que el candidato de Morena nunca contestó a una carta que le envió su comunidad respecto al NAIM. También aprovechó la presencia en el acto de Javier Jiménez Espriú -quien sería el probable secretario de Comunicaciones y Transportes en un eventual gabinete de López Obrador- para entregarle la misma carta y exigirle una respuesta. "Arriba lo presionan empresarios y grupos importantes que administran el país. Vemos que veces titubea. Y los pueblos, ¿dónde quedamos? Entendemos las presiones, pero le pedimos que tenga la dignidad de ver hacia los pueblos", clamó América del Valle.