VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El gobierno de Tabasco contrató un despacho de Estados Unidos para participar en el reclamo de bienes confiscados a la esposa del extesorero José Manuel Saiz Pineda, pero no por siete millones de dólares como “irresponsablemente” asegura la defensa del exfuncionario, aclaró el Fiscal General del Estado (FGE), Fernando Valenzuela Pernas. “Es absolutamente falso”, dijo el fiscal y lamentó que los defensores de Saiz Pineda, preso desde 2013 en esta capital por el “megasaqueo” a Tabasco, litiguen mediáticamente falsedades sobre el caso de su cliente. Explicó que para que el gobierno del estado pudiera participar en la reclamación de los bienes de más de 50 millones de dólares confiscados a Silvia Beatriz Pérez Ceballos, era necesario que tuviera acreditado un despacho domiciliado en la jurisdicción de la Corte de Corpus Christi, Texas, donde la esposa de Saiz Pineda, en enero pasado, fue sentenciada a 10 meses de cárcel por fraude bancario. Por ello, dijo el fiscal, se contrató el servicio de un despacho domiciliado en Houston, Texas, de los más prestigiados, que ha participado en juicios muy famosos en Estados Unidos y lleva casos del estado de Veracruz, donde se han recuperado bienes asegurados al preso exgobernador priista Javier Duarte. Este despacho, a diferencia de otros, precisó Valenzuela Pernas, no cobró anticipo y el costo de su servicio se estableció en un porcentaje del monto sobre lo recuperado. “Si no recupera nada, no cobra nada, así lo establece el contrato”, aseguró. El fiscal se negó a revelar el porcentaje acordado por una cláusula de confidencialidad, pero rechazo que la firma del contrato haya costado 7 millones de dólares. Reiteró que el despacho es importante pues ha ayudado al gobierno de Veracruz a recuperar recursos desviados por el exgobernador Javier Duarte, con la suerte, dijo, de que en ese estado se encontraron documentos contables y de transacciones financieras como sustento. Sin embargo, en Tabasco, “no se encontró ni un solo papel de documentación contable ni de transacción financiera, todo fue en efectivo, miles de millones en efectivo”, desviados a varios continentes y que aún se investiga, “en una labor titánica”. La esposa de Saiz Pineda fue arrestada en mayo de 2017 en su residencia de Sugar Land de Houston, acusada de fraude, conspiración y lavado de dinero en siete propiedades en Los Ángeles (California), Nueva York, Miami (Florida) y Houston, Texas, así como en seis cuentas bancarias, incluida una en las Bermudas, por un monto superior a los 53 millones de dólares. En octubre de 2017 fue declarada inocente del delito de lavado de dinero, pero en enero pasado fue condenada a diez meses de cárcel y dos años de libertad supervisada. En marzo, tras cumplir los diez meses en prisión luego de su arresto en mayo de 2017, fue liberada, pero enfrenta riesgo de ser deportada y sólo podría reingresar a Estados Unidos con autorización expresa del gobierno de ese país. “Si reingresa a Estados Unidos, la acusada tendrá que reportarse dentro de las 72 horas siguientes a los servicios de la Corte para ser supervisada”, según la sentencia dictada en enero por la jueza Nelva Gonzales de la Corte de Corpus Christi.