CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a la evidencia técnica generada por Citizen Lab, que documenta más de 100 intentos de infección con el malware Pegasus a 20 objetivos pertenecientes al periodismo, sociedad civil y defensa de derechos humanos en México, el gobierno federal ha mostrado “nula voluntad política” para investigar el uso ilegal y desproporcionado de tecnología de espionaje.
Así lo señaló el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC), y precisó que, a un año de las denuncias realizadas por víctimas de espionaje, no hay avances en las investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
Además, agregó, fuentes internacionales han calificado el proceso como una simulación.
“A pesar de las exigencias de la sociedad civil bajo el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) y a un año de la salida del NOSC del STT (Secretariado Técnico Tripartita), ninguna dependencia federal ha mostrado voluntad política suficiente para esclarecer los casos de espionaje o poner en marcha las acciones necesarias para desarrollar una regulación y prácticas que establezcan controles de uso, transparencia y rendición de cuentas para acciones de vigilancia en México”, puntualizó.
En un comunicado, el NOSC destacó que durante 2016 se establecieron los compromisos de gobierno abierto para México con el propósito de resolver problemas públicos vinculados a temáticas como derechos humanos, pobreza, combate a la corrupción, salud, cambio climático, igualdad de género y agua.
Ante el STT y la AGA, el gobierno federal asumió la responsabilidad de su cumplimiento en un periodo bianual 2016-2018. No obstante, desde el NOSC “mantenemos escepticismo en que dichos compromisos sean cumplidos manteniendo los alcances publicados en noviembre 2016, puesto que desde entonces algunas dependencias gubernamentales han buscado unilateralmente modificar sus metas y características”.
Adicionalmente, en el tablero digital presentado el pasado viernes 11 se vislumbran avances parciales en algunas líneas de acción, subrayó.
“Si no existen espacios seguros, libres y sustantivos para que la ciudadanía pueda dialogar y co-construir con sus gobernantes, no se puede tener un gobierno abierto”, recalcó.
De acuerdo con el NOSC, los casos de espionaje que dieron pie a su salida del STT y del Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto, el 23 de mayo de 2017, “aún siguen impunes”, y también se mantiene la ausencia de voluntad política real para esclarecer las prácticas ilegales y abusivas de espionaje en contra de la ciudadanía.
Añadió: “Las organizaciones que conformamos el NOSC, mantenemos nuestras exigencias para que se investigue y sancione la vigilancia digital ilegal en México”.
De igual manera, señaló que seguirán trabajando para propiciar que existan las condiciones necesarias para contar en México con espacios de co-construcción que permitan la generación de un cuarto Plan de Acción incluyente, ambicioso y congruente con los principios de la apertura gubernamental en 2019, tanto de manera directa, como a través de los mecanismos de la AGA.
“También mantendremos nuestro apoyo a los grupos de sociedad civil que participan en los procesos de gobierno abierto en los estados”, remató.