El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) inició una investigación por probables concentraciones ilícitas en los mercados de provisión de servicios de televisión y audio restringido, telefonía fija y móvil, y acceso a Internet de banda ancha fijo y móvil, en el territorio nacional. Los anterior tras una denuncia que quedó radicada en el expediente AI/DE-001-2018. En un comunicado el IFT informó que las conductas investigadas consisten en una o varias fusiones, adquisiciones de control o cualquier acto por virtud del cual se unen sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general que se realice entre competidores, proveedores, clientes o cualesquiera otros agentes económicos y que tengan por objeto o efecto obstaculizar, disminuir, dañar o impedir la libre concurrencia o la competencia económica. Dichas concentraciones, indicó el organismo, pueden llegar a constituir una conducta “anticompetitiva” cuando las operaciones logran conferir o aumentar el poder sustancial de uno o varios agentes económicos. También cuando desplazan a otros agentes económicos o establecen barreras a la entrada que impidan a terceros el acceso al mercado o a insumos esenciales, o desplazar a otros agentes económicos, y facilitar la comisión de prácticas monopólicas prohibidas por la Ley Federal de Competencia Económica. El IFT aclaró que el procedimiento de investigación no implica un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, sino una actuación de la Autoridad Investigadora que busca verificar la observancia de la Ley Federal de Competencia Económica en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Sólo en caso de existir elementos suficientes para sustentar la actualización de contravenciones a la ley, explicó, se emitirá un dictamen mediante el cual se emplazará a los agentes económicos que resulten probables responsables para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Indicó que el periodo de investigación del expediente no podrá ser inferior a 30 días hábiles, ni exceder los 120 días, y comenzó a contar a partir del 18 de mayo pasado, fecha en que se emitió el acuerdo de inicio. El periodo de investigación podrá ser ampliado por la autoridad investigadora hasta en cuatro ocasiones, cuando existan causas debidamente justificadas.