CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde Ginebra, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, hizo un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto “para poner fin a la ola de desapariciones forzadas en la ciudad de Nuevo Laredo”, donde se registraron al menos 40 víctimas en cuatro meses. “Es extremadamente preocupante que estas desapariciones forzadas se produzcan pocos meses después de la aprobación de la Ley General de Desapariciones”, puntualizó el funcionario de la ONU en un comunicado fechado este miércoles. En su edición 2166, Proceso publicó un reportaje sobre abusos atribuidos a personal de la Secretaría de la Marina (Semar) en Nuevo Laredo, donde el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), presidido por Raymundo Ramos, había registrado 28 desapariciones forzadas y nueve ejecuciones extrajudiciales entre el 5 de febrero y el 24 de abril, casos que fueron denunciados en instancias nacionales e internacionales, y formalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR). Tras considerar que lo ocurrido en Nuevo Laredo “es una prueba crucial”, Zeid Ra’ad Al Hussein demandó al gobierno mexicano “medidas urgentes” en la ciudad fronteriza donde la oficina regional (ONU-DH) “ha documentado la desaparición de 21 hombres y dos mujeres (…) de febrero al 16 de mayo de 2018, en tanto que activistas locales han registrado al menos 40 casos. “Se informó que muchas de estas personas habían sido detenidas arbitrariamente y desaparecidas mientras realizaban su vida cotidiana. Es particularmente horrorífico que al menos cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas muy jóvenes, tan sólo 14 años. Estos crímenes, perpetrados durante cuatro meses en un solo municipio son indignantes”, señaló desde la sede la ACNUDH en Ginebra. De acuerdo con las indagatorias del equipo de ONU-DH, abundó, “estas desapariciones habrían sido perpetradas a menudo entrada la noche o al amanecer, por miembros de una fuerza de seguridad federal. Las personas habrían sido detenidas por personal uniformado mientras caminaban o manejaban por carreteras y, según la información recibida, se han encontrado varios vehículos al lado del camino, quemados o baleados”. El Alto Comisionado reconoció que, ante la ola de desapariciones en Nuevo Laredo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se vio obligada a exigir medidas cautelares a la Semar, el pasado jueves 10, para proteger a la población de Tamaulipas, “sin embargo, al menos tres desapariciones han ocurrido desde entonces”. Destacó que las autoridades mexicanas no han atendido de manera expedita las denuncias de desaparición, lo que ha dejado a las familias la tarea de búsqueda, en tanto que “varias personas que atestiguaron los hechos han sido amenazadas y una fue desaparecida durante dos días”. Zeid Ra’ad Al Hussein urgió a las autoridades mexicanas a realizar una búsqueda efectiva de las personas reclamadas por sus familiares, así como “que se lleve a cabo una investigación diligente, independiente y completa para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que sean llevados ante la justicia”, indagatorias en las que, apuntó, debe considerarse la “protección a testigos y defensores y proveer asistencia a los familiares de las víctimas”. El funcionario de la ONU recordó la responsabilidad de los Estados en garantizar la seguridad de la población, y “en el caso de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por funcionarios públicos –subrayó--, es aún más urgente que el Estado actúe para demostrar que no tolera la comisión de tales graves violaciones”. En la Ciudad de México, el responsable de ONU-DH, Jan Jarab, lamentó que “las desapariciones sigan” aún después de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y que este grave problema se vea opacado por el proceso político electoral. Durante su participación en el foro “Desaparición de personas actualidad y contexto de una ley ausente”, organizado por la Red de Organismos Civiles de Derechos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, (Red TDT), Jarab señaló que la implementación de la ley está siendo “eclipsada por el proceso electoral y la dinámica política”. Al recordar que oficialmente están registradas más de 35 mil personas desaparecidas en México, reprochó que “no esté presente en la discusión política como debería de considerarse, siendo desde nuestra opinión uno de los asuntos más importantes”. Ante las elevadas cifras de desaparecidos, que podrían ser más altas, el representante de ONU-DH consideró que siendo un asunto “sumamente grave y dramático, debe tener la plena atención de todas las autoridades”. De acuerdo con Jan Jarab, en los últimos meses su equipo de trabajo ha documentado casos de desapariciones en Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Morelos, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa y Michoacán, donde constató que “lamentablemente la adopción de la ley no representó el fin de desapariciones en la República Mexicana”, peor todavía cuando “las autoridades no conocen sus obligaciones bajo esta ley y persisten atrasos en la implementación a nivel estatal en la adopción de lo que serían las comisiones locales”.