CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Frente a los imparables señalamientos del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, contra la aspirante al Senado por Morena, Nestora Salgado, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” reprochó al excanciller la criminalización, con fines políticos, de quien fuera comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá y la “banalización” de la lucha por la seguridad de los pueblos indígenas. En un comunicado firmado por 85 organizaciones de 23 estados  que conforman la organización, resaltó que la actitud del aspirante del PRI responde a “esta criminalización de las personas que defienden sus derechos y la banalización de los contextos complejos ante las que el Estado ha sido omiso, ha propiciado que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto hayan sido asesinadas 110 personas defensoras de derechos humanos y 39 periodistas, hasta diciembre del año pasado”, a los que tendrían que sumarse seis ultimados en lo que va de 2018. Al puntualizar que no respaldan ni apoyan candidatura alguna, las organizaciones criticaron que Meade Kuribreña “saque de contexto situaciones que tienen que ver con la incapacidad de los actores estatales para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia, con la intención de capitalizarlas políticamente”. Al recordar que Salgado García fue absuelta de los cargos que se le formulaban, las organizaciones firmantes consideraron de suma gravedad “que en el contexto de la guerra sucia electoral, un candidato a la Presidencia no sólo vulnere la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso, sino que banalice una lucha por la seguridad y la justicia llevada a cabo por las comunidades indígenas en el marco de sus derechos, y que además no ofrezca una respuesta a este problema que es real para cientos de comunidades en Guerrero”. Los inconformes recordaron que en 2013 el municipio de Olinalá decidió incorporarse al sistema guerrerense de policías comunitarios ante los embates del crimen organizado, fundamentados en “el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación (…) reconocido y protegido por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el artículo segundo de la Constitución Política mexicana y en la Ley 701 de Reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de  Guerrero”. Como líder de la Policía Comunitaria de Olinalá, Salgado García fue acusada de secuestro, enfrentando “un irregular proceso penal que tenía claros tintes políticos”, por lo que fue arrestada “de forma ilegal y sometida a diferentes formas de tortura y malos tratos en el momento de la detención y en las instalaciones penitenciarias; se documentaron numerosas violaciones al debido proceso”, agregaron. En el comunicado, la Red TDT puntualizó que, debido a los agravios sufridos, se emitieron medidas cautelares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en tanto que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, reconoció a Salgado García como “víctima de detención arbitraria”. Dos años y siete meses después de ser detenida, “un juez dictaminó que, efectivamente, sus actividades estuvieron enmarcadas en los derechos indígenas reconocidos nacional e internacionalmente”. Tras insistir que, como organizaciones, tienen “naturaleza apartidista”, reconocieron que la decisión de Nestora Salgado de ejercer sus derechos políticos-electorales y postularse para un cargo de elección popular “no la despoja de su carácter de defensora de derechos humanos en el marco de la declaración sobre personas defensoras de la ONU”. Entre las 85 organizaciones que conforman la Red TDT destacan Alianza Sierra Madre, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, Casa del Migrante Saltillo, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Monta, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, entre otras.