CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Marco Antonio del Toro, abogado de Elba Esther Gordillo, denunció acoso político contra la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuyos familiares han manifestado su simpatía por el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, acérrimo enemigo del gobierno federal. De acuerdo con el abogado, la Policía Federal Ministerial no permitió ayer el acceso al nieto, a un amigo y al médico de Gordillo en el edificio donde ésta tiene que cumplir el arresto domiciliario, acusada de delincuencia organizada y lavado dinero. “El día de hoy la Policía Federal Ministerial instrumentó un operativo para el efecto de que no pueda acceder al inmueble ni siquiera su familia. Finalmente, después de hacer una serie de llamadas, pudo accesar un médico”, señaló Del Toro. Por ese motivo, dijo, solicitó la presencia de un notario público que dio fe de que los elementos policiacos no permitieron el acceso. “Esto es causa efecto de un periodo electoral en el que nos encontramos, en donde a la maestra se le atribuye vinculación con uno de los candidatos políticos y por consiguiente viene a sumar esta persecución que se inició a partir del inicio de este gobierno”, abundó el abogado. De igual manera, dijo que denunció estos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y responsabilizó a Aarón Pereira, de la Procuraduría General de la República, de ordenar que no se permitiera el acceso de familiares al domicilio donde se encuentra Gordillo. En febrero pasado, la exdirigente magisterial acudió a los foros nacionales e internacionales de derechos humanos por las medidas restrictivas que le impuso un juez federal como parte de la prisión domiciliaria y que, según su defensa, se deben al apoyo de su nieto y su yerno a la candidatura de López Obrador. La defensa de Gordillo también emprendió acciones en contra del juez que le impuso las nuevas medidas y en contra del juzgado que le negó la suspensión de las restricciones en sus visitas y comunicaciones. Argumentó que se trata de una “ilegal mordaza”, por lo que también acudió a la PGR para que interviniera la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, encargada de investigar las agresiones a periodistas. Patrocinada por su defensor, Gordillo también interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ante la CIDH, por considerar que las medidas violan los derechos humanos de la exdirigente del sindicato más grande de América Latina.