CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exigió a los gobiernos federal así como de Jalisco y Nayarit, garantizar la restitución de tierras al pueblo wixárika, reconocidas por tribunales, diligencia suspendida ante actos de violencia de quienes poseen de manera ilegal los terrenos. En un comunicado signado también por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco(CEDHJ), ambos organismos recordaron que la restitución de tierras ha sido obstaculizada pese a que en octubre del año pasado se concluyeron dos procesos para la restitución de tierras en San Sebastián Teponahuaxtlán y Kuruxi Manawe, en la localidad de Hujimic, en el municipio de Yesca, Nayarit. Resaltaron que durante los últimos meses los intentos de restitución, “han sido impedidos de manera violenta y sin que las autoridades responsables de la seguridad pública hayan otorgado las garantías para salvaguardar la integridad y seguridad de las personas, y con ello dar cauce a la legalidad y al orden social”. Los organismos públicos puntualizaron que “el uso de la violencia para obstaculizar la ley es alarmante, si se considera que dicha resolución forma parte del derecho de los pueblos originarios y comunidades indígenas a preservar sus tierras y a hacer efectivas las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra”, estipulado en el artículo segundo constitucional. El panorama es aún más tenso, si se considera que en una reciente asamblea, del 28 y 29 de abril, las comunidades wixaritari afectadas “hicieron pública su inconformidad y manifestaron como postura la de impedir el desarrollo del proceso electoral e incluso recurrir a toma de escuelas si no recibían la atención a sus demandas”. Las comisiones de derechos humanos destacaron que la advertencia de los pueblos originarios responde también a la amenaza de que sus terrenos sean anexados a Nayarit, sin que se haya consultado a la población wixárika. Explicaron que una evidencia del “abandono que por siglos han vivido” las comunidades wixaritari de Jalisco, es la intención reciente de anexar tierras ocupadas por población wixárika que habitan en la comunidad de San Andrés Cohamiata, para hacerlas parte de otra entidad federativa, de ahí que los habitantes de esa localidad advirtieron “que si hubiera modificaciones en los límites territoriales en las tierras donde ellos han vivido ancestralmente, impedirán la realización de las elecciones estatales y federales de este año”. Las comunidades indígenas exigieron a los congresos de Nayarit y Jalisco, “la revisión del proceso de anexión de tierras para que este sea invalidado por no haberse respetado su derecho a decidir”, advirtiendo que de lo contrario recurrirán a instancias internacionales. Ante este contexto de tensión social, la CNDH y la CEDHJ exigieron a los gobiernos federal, estatales y municipales involucrados “a que realicen lo necesario a efecto de que se garantice el acceso a la justicia del pueblo wixárika en un clima de seguridad y paz social”. En cuanto al conflicto de la restitución, ambas comisiones recomendaron la realización de mesas de diálogo que incluyan “a la comunidad indígena wixárika, a los grupos de personas que actualmente ocupan las tierras y a las autoridades de los tres niveles de gobierno, con el fin de abrir un canal de discusión que analice en toda su profundidad e implicaciones humanas esta controversia”. De manera preponderante, los organismos alertaron sobre “la asignación de recursos suficientes por parte del Estado mexicano a efecto de lograr los acuerdos que garanticen a las comunidades wixaritari su derecho a la restitución de sus tierras, derecho que ha sido debidamente avalado por los tribunales”. En cuanto a la intención de anexar territorios de población wixárika a Nayarit, la CNDH y la CDHJ exigieron “el pleno respeto del derecho a la consulta previa e informada, y en general, a los derechos específicos de los pueblos indígenas consignados en las leyes nacionales y en tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país”. Al insistir en que las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen la responsabilidad de “garantizar el acceso a la justicia de la población wixárika”, los organismos de derechos humanos puntualizaron que este grupo indígena “es un pueblo milenario que ha mantenido su identidad social y cultural a pesar de las históricas agresiones e intromisiones en su vida comunitaria”. Precisaron que pese a la violencia con que han sido tratados, estos grupos originarios “se ha distinguido por su actuación y exigencia de sus derechos en un margo de legalidad, por lo que resulta un acto básico de justica la debía atención de sus reclamos sustentados en la ley y en sentencias dictadas por los tribunales”.