Meade respalda la LSI, pero rechaza la creación de un mecanismo internacional contra la corrupción
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre gritos reprobatorios al PRI y a los dos últimos gobiernos, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, dejó en claro su respaldo a la Ley de Seguridad Interior (LSI) y su rechazo a la conformación de un mecanismo internacional para combatir la corrupción y la impunidad.
Meade fue el último de los aspirantes presidenciales que aceptó participar en el encuentro con la sociedad civil denominado “Por la Paz y la Justicia. La agenda Fundamental”, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y la Universidad Iberoamericana.
En el Museo de la Memoria y la Tolerancia, el exsecretario de Hacienda y de Desarrollo Social no tuvo capacidad para sortear los reclamos de familiares de víctimas y miembros de organizaciones sociales, quienes criticaron la impunidad en los casos de homicidio, desaparición y tortura.
“¿Por qué tenemos que creerles ahora? ¿Qué hizo tu partido por las víctimas? ¿Cuánto más tenemos que esperar para ver justicia? ¡No son sólo homicidios, son desaparecidos y torturados! ¡Usted vive en otro país y nosotros en otro!”, gritaron desde sus butacas los asistentes al diálogo.
Los cuestionamientos del público se avivaron después de que el candidato del PRI rechazó abiertamente la creación de un mecanismo internacional para combatir la corrupción y la impunidad, así como una comisión de la verdad para casos de graves violaciones a derechos humanos.
“Hay que ser arquitectos de nuestro propio destino”, dijo Meade al explicar su desacuerdo de crear un mecanismo internacional, por un asunto “fundacional de cómo nos vemos como país y como consolidar nuestra democracia”.
El exsecretario de Relaciones Exteriores sostuvo que México es uno de los países más abiertos del mundo en materia de cooperación y escrutinio internacional, pero aceptar la operación de un organismo con personal extranjero, dijo, es “renunciar a la capacidad de ser arquitectos de nuestro propio destino, en algo tan importante como generar nuestro sentido de justicia y la capacidad de escuchar y atender a las víctimas”.
El candidato presidencial fue cuestionado severamente cuando admitió que en 12 años el gobierno mexicano ha sido incapaz de abatir la impunidad, y más cuando intentó utilizar cifras para justificar su rechazo a la creación de una comisión de la verdad.
Destacó que en los últimos 12 años se han cometido “12 mil homicidios relacionados con la delincuencia organizada”, y en ese mismo periodo, agregó, se han emitido alrededor de 16 mil sentencias, lo que para él significa que “no hemos estado a la altura del problema”.
Al ser increpado por la relevancia que tiene hablar de cifras, sostuvo que el punto es que “no son 43”, para referirse veladamente al caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
“Si uno revisa los datos que hoy nos tienen aquí sentados, esos son de los cientos de miles de casos que no se plantean y que son de todos los días… la tragedia de un homicidio que no ha sido resuelto genera una sensación de fractura en el tejido social, y no son 43”, soltó.
Luego demostró su postura favorable hacia la Ley de Seguridad Interior, porque, subrayó, habría que “dar certeza jurídica a las fuerzas armadas y a los ciudadanos”, y la legislación tenía candados para ordenar el despliegue de tropas en zonas de conflicto.
Aunque se dijo partidario de la autonomía de la Fiscalía General de la República, reprochó que el tema se haya “politizado”. Añadió: “Ha sido una claudicación que hasta ahora no se haya nombrado un fiscal general; no tenemos por qué secuestrar la justicia”.
Tras lamentar que no haya acuerdos en ese sentido, reconoció la gestión de Raúl Cervantes al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), quien renunció cuando “las premisas se politizaron, siendo que ya se había construido un modelo” de fiscalía.
Durante su exposición, Meade demostró una vez más su desconocimiento en los temas de derechos humanos y de organismos internacionales, a pesar de que como canciller se fijó una política de incrustar a embajadores en organismos de ese tipo.
Y fue precisamente durante su gestión que México retiró el apoyo, para que formara parte del Comité contra la Tortura de la ONU (CAT), al experto en derechos humanos Miguel Sarre, candidatura que fue canjeada por la del embajador en retiro Claude Heller.
En un intento por justificar la capacidad de los mexicanos en organismos internacionales, Meade sostuvo que ha habido jueces mexicanos en la Corte Penal Internacional (CPI), y que el actual presidente de la “Corte Internacional de Justicia” es un connacional, Eduardo Ferrer.
Sin embargo, la última ocasión que México impulsó un candidato a la CPI fue durante el gobierno de Felipe Calderón, y fracasó al no ser admitido por expertos internacionales la candidatura de Javier Laynez Potisek, quien fuera procurador fiscal de la federación, en tanto que Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot es presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Antes de la participación del exsecretario de Desarrollo Social al diálogo con la sociedad civil, se presentó el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, quien puso de ejemplo los supuestos avances en materia de seguridad en Nuevo León, que gobernó por dos años.
El Bronco se presentó ante los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y los familiares de desaparecidos como “víctima” de la delincuencia, lo que para él marcaba la diferencia con los otros aspirantes presidenciales.
El candidato no vaciló en manifestar su respaldo a la LSI que, dijo, da poderes a las Fuerzas Armadas para hacerse cargo de la seguridad pública porque “no tenemos otra alternativa” ante el “déficit” de policías en el país.
Cuando se le cuestionó si no veía riesgos en mantener la LSI ante casos de graves violaciones a derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas, sin dar datos, Rodríguez Calderón soltó: “Hay que tener cuidado en la generalización, ha habido casos en que algún miembro ha cometido abusos, pero ya están siendo juzgados”.
El candidato independiente dijo estar de acuerdo con la creación de un mecanismo internacional y la comisión de la verdad en los que haya presencia de expertos internacionales, por ser “importante que nos fiscalicen y que se vaya recuperando el prestigio del país”.
Sobre la comisión, abundó que sería importante delimitar “hasta dónde llegan los derechos humanos y hasta dónde los derechos de las víctimas, porque por una parte México merece la tranquilidad de saber la verdad. Con eso podremos mejorar la condición del país, pero se tiene que privilegiar el derecho de la víctima”.
Finalmente, Jaime Rodríguez invitó a los asistentes a visitar su página de Facebook para conocer sus planteamientos, porque “es difícil que en una hora se genere confianza”, y puntualizó que “la violencia y la maldad” que hay en el país se debe al sistema de partidos que hay, “pero eso va a cambiar si la sociedad se une”.