CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dio a conocer que presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en contra del juez Gerardo Moreno García, por el “desaseo” y la “prontitud” de su resolución para “arrebatar” al gobierno estatal el caso del exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, preso por el delito de peculado agravado. “Estamos absolutamente convencidos de que se trata de una actuación contraria a Derecho, que busca dotar de impunidad al exsecretario general del PRI (…) Y hemos pedido a los órganos jurisdiccionales que se revise la actuación de este juez (federal), quien ha tomado resoluciones que no habíamos visto en muchísimos años en México, no sólo en los términos de cómo resuelve, sino en los tiempos, las formas", subrayó. La actuación del juez, agregó, habla de una realidad que vive el país. “El problema de la corrupción en México se explica en buena parte por áreas del Poder Judicial altamente corruptas, altamente entramadas en la complicidad”, puntualizó. Y es que Moreno García impidió al coadyuvante jurídico del gobierno del estado de Chihuahua, Fernando Gómez-Mont, su participación en la audiencia del caso Alejandro Gutiérrez Gutiérrez que se realiza en esta capital. De acuerdo con el secretario general del gobierno de Chihuahua, César Jáuregui Robles, el defensor del priista Antonio Collado pretende quitar el beneficio de “criterio de oportunidad” a dos testigos que han ofrecido pruebas contra Manlio Fabio Beltrones. El pasado viernes 4, en la audiencia del caso Gutiérrez y dos exfuncionarios duartistas (Gerardo Villegas Madriles y Enrique Antonio Tarín García), el juez de Distrito impidió la participación de Gómez Mont, así como del consejero jurídico del gobierno de Javier Corral, Jorge Alberto Espinoza Cortés, y la coordinadora jurídica de la Secretaría de Hacienda estatal, Ángela Mónica Ferreira Aguilar. Alejandro Gutiérrez fue detenido el pasado 20 de diciembre en Saltillo, Coahuila, cuando salía de su casa. Ese mismo día fue trasladado al Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1 localizado en el municipio de Aquiles Serdán –donde lo esperaba un buen número de agentes federales–, acusado de peculado agravado por el presunto desvío de 250 millones de pesos. Por ese mismo caso están vinculados a proceso Gerardo Villegas Madriles y Enrique Antonio Tarín García, quienes en el gobierno de César Duarte fungieron como directores de Administración y Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda estatal, respectivamente. La defensa de ambos ha solicitado que la Procuraduría General de la República atraiga el caso, junto con el de Gutiérrez, petición que fue concedida por el juez de Distrito Gerardo Moreno García. De acuerdo con la causa penal, una de las empresas utilizadas en el desvío de recursos –a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte– fue Servicios y Asesorías Samex S.C, con la que el 24 de febrero de 2016 simularon el contrato SH/AD/078/2016 por 55 millones de pesos, supuestamente para capacitar a padres de familia de nivel preescolar y primaria, lo que nunca se hizo. El contrato SHAD/079/2016 con la empresa Servicios y Asesorías Sinax, S.A de C.V, fechado el 25 de febrero de ese mismo año, fue por el servicio de capacitación y actualización de docentes de nivel básico y evaluación de personalidades, motivaciones y áreas de oportunidad, por 55 millones de pesos. Otro contrato, el SHAD/080/2016, se hizo con la empresa se Servicios y Asesorías SISASS S.A. de C.V, el 26 de febrero, por un curso sobre medio ambiente por 46 millones de pesos. Un más se firmó con el Despacho de Profesionistas Futura S.A de C.V. Quedó registrado con el expediente SHAD/070/2016, el 29 de febrero, para la planeación, diseño e implementación de software denominado Sistema Integral en Trámite y Movimiento de Personal del Subsistema Estatal, por 90 millones. El contrato con el número SH/SD/067/2016, por concepto de prestación de servicios profesionales de elaboración de manuales de procedimientos de tierra y protección civil para aeronaves y helicópteros del gobierno del estado, por 4 millones de pesos, corresponde a la empresa de Alejandro Gutiérrez, Jet Combustibles S.A de C.V. Los contratos fueron autorizados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, instancia que emitió las actas de excepción a la licitación pública y de adjudicación directa para evitar el proceso licitatorio correspondiente.