CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El consorcio conformado por las empresas Braskem e Idesa, que opera el polémico complejo Etileno XXI, se deslindó hoy de la compañía brasileña Odebrecht –de la que Braskem es una filial–, negó que exista un “precio preferencial en el etano suministrado” a su planta y aseveró que no incurrió en “irregularidad alguna en sus actividades en México”. En un comunicado, el consorcio aseveró que era necesario aclarar estos puntos frente a una “serie de notas mal informadas”, en referencia a los reportajes que publicaron los integrantes de la Alianza Méxicoleaks –de la que Proceso forma parte– en los últimos días. Los reportajes mostraron que, siendo presidente del Consejo de Administración de Pemex, José Antonio Meade Kuribreña, avaló en abril de 2011 el contrato de suministro de etano celebrado entre Pemex y Braskem Idesa en febrero del año anterior, y que desencadenó un desastre industrial y pérdidas multimillonarias en la petrolera mexicana. Durante la sesión del Consejo de Administración de Pemex, el hoy candidato presidencial del PRI ignoró las advertencias de tres consejeros de la petrolera, quienes le alertaron que el documento perjudicaba los intereses de la empresa e, incluso, desairó la solicitud de uno de ellos de suspender el proyecto para revisar a fondo los términos del contrato. En su escrito, el consorcio Braskem Idesa aseveró que “la fórmula de precio propuesta y aprobada por la Comisión Reguladora de Energía, aplica para todos los consumidores de etano en el país, inclusive para Pemex Etileno, desde 2013”. La fórmula del precio de la venta de etano de Pemex a Etileno XXI incluye “descuentos”, según el contrato. Además, el boletín no menciona que, aparte de Etileno XXI, no hay otros clientes privados de etano en el país. Es más: para suministrar los 66 mil barriles de etano diario al complejo –una cláusula plantea multas multimillonarias en caso de no cumplir con esta cantidad–, Pemex dejó sus propias plantas de transformación en subocupación. La subocupación de Cangrejera y Morelos –las plantas de etileno de Pemex– llegó a tal punto que Pemex Etileno se encuentra en una “situación crítica, donde no se podría continuar operando los dos crackers (plantas que convierten el etano en etileno y derivados)”, según el acta del Consejo de Administración celebrado el 10 de abril de 2017. El factor etano El consorcio también planteó en su boletín que “Braskem Idesa está comprometida con Pemex para encontrar soluciones que incrementen la disponibilidad de etano en México”, pues sostuvo que “el origen de la falta de etano, se debe a una insuficiente producción nacional, la cual no refleja las proyecciones entonces realizadas; esta situación se encuentra fuera del control de las empresas petroquímicas privadas, que dependen de este insumo”. Esta aseveración es correcta. De hecho, fue una de las razones por las cuales el consejero Rogelio Gasca Neri pidió al Consejo de Administración que se suspendiera el proyecto. Durante la reunión celebrada en abril de 2017, Gasca advirtió que el contrato “compromete a Pemex a un suministro de gas, que no está basado en la producción actual sino a posibles futuros descubrimientos, que son inciertos”. “Simplemente, si no existe el etano en Pemex Exploración y Producción, por las razones que se quieran, entre ellas el no descubrimiento de reservas, Pemex Gas y Petroquímica Básica tiene la obligación de importarlo o bien pagar una penalización importante”, observó el consejero. Y ocurrió: según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante los primeros 10 meses de operación de Etileno XXI, Pemex perdió cerca de dos mil millones de pesos, y para surtir de etano al complejo operado por la filial de Odebrecht, la petrolera se vio obligada a comprar el gas en el extranjero para vendérselo a un precio menor al consorcio. Así, en los próximos dos años, Pemex comprará 720 mil toneladas de etano al consorcio árabe SABIC (Saudi Arabian Basic Industries Corporation) por un costo total de cuatro mil 550 millones de pesos, de acuerdo con un reportaje que publicó la semana antepasada la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). En diciembre de 2016, Odebrecht y su filial Braskem aceptaron pagar cerca de 3.5 mil millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos para evitar un juicio. En un documento, las empresas reconocieron que incurrieron en prácticas de corrupción en distintos países. En su boletín publicado hoy, Braskem Idesa insistió en que el documento celebrado entre Braskem y las autoridades estadunidenses “no reporta irregularidad alguna en sus actividades en México”. En el acuerdo, Braskem reconoció que pagó más de 250 millones de dólares a funcionarios extranjeros, partidos políticos y candidatos en Brasil a través de estructuras offshore. Por su parte, Odebrecht reconoció ante las autoridades estadunidenses que pagó sobornos a funcionarios de distintos países, entre ellos a un alto funcionario de México. En abril de 2017, la organización Quinto Elemento Lab reveló en Proceso que este funcionario era Emilio Lozoya Austin, señalado por exdirectivos de Odebrecht por recibir 10.5 millones de dólares de sobornos, primero como coordinador de Asuntos Internacionales de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y posteriormente como director general de Pemex. En su comunicado, Braskem Idesa aseveró que “es una empresa separada e independiente de Constructora Odebrecht en México”, pues “cuenta con Gobierno Corporativo, Consejo de Administración, gestión y toma de decisiones, propias”.