CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México concentra 66% de las Acciones Urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED), informó el organismo con sede en Ginebra, Suiza al dar a conocer que el registro número 500 corresponde precisamente a una persona de nacionalidad mexicana. En un comunicado, aseguró que esta semana “ha alcanzado la triste cifra de 500 casos registrados” bajo la figura de Acción Urgente, “un proceso que eleva a una desaparición forzada desde un nivel local y personal para convertirla en un asunto entre un Comité de expertos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y las más a las autoridades del país donde la desaparición ocurrió”. De acuerdo con datos del CED, de las 500 Acciones Urgentes emitidas desde marzo de 2012, corresponden a México 331, es decir 66.2% de los procedimientos, siendo el primero y el último motivado por la desaparición de una persona de origen mexicano: Marcial Bautista Valle y Areli Hernández Hernández, respectivamente. “Cada Acción Urgente representa a una persona desaparecida, cuya familia, allegados y amigos están sufriendo cada minuto de su vida por no tener idea de su suerte y paradero”, comentó Suela Janina, presidenta del CED, al dar a conocer el último registro. Según información publicada por Apro el pasado 19 de febrero, el año con mayores registros del Comité relacionados con México fue 2015, cuando se acumularon 166 denuncias por desapariciones forzadas. En lo que va de 2018, el CED ha recibido 25 comunicaciones por la desaparición de personas cometidas presuntamente por agentes del Estado, al menos 17 corresponden a denuncias presentadas por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL). El año pasado, considerado el más violento de la administración de Enrique Peña Nieto, el organismo solicitó al Estado mexicano información sobre 31 víctimas. Janina lamentó que, desde que entró en vigor la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, “el número de acciones urgentes ha crecido continuamente”. Explicó que cuando el CED recibe información sobre un caso, contacta al país donde se llevó a cabo la desaparición forzada, así como a los allegados a la víctima o sus representantes. “Cuando una persona es víctima de una desaparición forzada, una intervención inmediata es clave”, añadió Raine Huhle, vicepresidente del CED. El experto de origen alemán recordó que “no existe justificación válida alguna para pedir a los familiares de una persona desaparecida que espere 24, 48 ó 72 horas antes de tomar acción”. Durante el informe anual ante el Consejo de la ONU, en octubre pasado, la presidenta del CED recordó que México es el país que más acciones urgentes ha registrado en los últimos cinco años. Por ello, desde mayo de 2013, ha inquirido al país sobre la posibilidad de una visita, “lo cual ha sido rechazado”. Irak es el segundo país con más Acciones Urgentes, seguido de Colombia. En la nota publicada el pasado 19 de febrero por Apro se resaltó que en marzo de 2015 el CED consideró que en México hay “un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”, siendo el caso paradigmático el de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En el informe de país de 2015, el CED hizo 18 recomendaciones a México, entre las cuales urgió a “reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales (…) con miras a reforzar el régimen de protección contra las desapariciones forzadas”.