CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Además de Ernesto Cordero, el Partido Acción Nacional (PAN) está en vías de expulsar también al senador Jorge Luis Lavalle Maury, en un proceso que se desahoga en la Comisión de Orden y Disciplina que preside un férreo defensor del candidato presidencial Ricardo Anaya. “Ricardo Anaya desesperado. Ordena mi expulsión por señalar sus posibles actos de corrupción y abusos”, escribió esta mañana Lavalle en su cuenta de Twitter, y aclaró: “1. Yo no he apoyado abiertamente a ningún candidato. 2. Anaya jamás ha aclarado el caso de lavado de dinero donde lo involucran. 3. Voy a defenderme de sus abusos”. Como parte de la guerra interna que ya se inició en el PAN, el Comité Ejecutivo Nacional que preside Damián Zepeda sesionó ayer con todo sigilo, sólo para exhortar a la Comisión de Orden y Disciplina que acelere el procedimiento de sanción contra Cordero, quien la víspera denunció a Anaya ante la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero, tráfico de influencias y lo que resulte. Pero también ordenó iniciar procedimiento de sanción, que puede llegar a la expulsión de las filas del PAN, contra el también senador Lavalle, quien declaró al diario The New York Times y otros medios sobre los abusos del candidato presidencial y su involucramiento en lavado de dinero. Estos procedimientos se desahogarán en la Comisión de Orden y Disciplina cuyo presidente, el sinaloense Carlos Castaños Valenzuela, es un tenaz defensor de la “honestidad” de Anaya y está encargado de la parte logística de la campaña en los estados del Pacífico. “Anaya es un hombre honesto que lucha contra un sistema corrupto. Si los ataques vienen contra él, es porque les parece un obstáculo para sus futuros de corrupción. Le tienen miedo y lo atacan con calumnias y mentiras, nosotros desde el PAN lo defendemos”, declaró Castaños el 27 de agosto del año pasado. Actual coordinador de los diputados locales del PAN en Sinaloa y delegado de la Secretaría del Trabajo cuando Javier Lozano fue su titular, y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con Heriberto Félix –ambos en el sexenio de Felipe Calderón–, Castaños Valenzuela afirmó que el gobierno de Enrique Peña Nieto quiere desprestigiar y denostar a Anaya, un hombre íntegro. “Mi respaldo solidario y mi aval para nuestro dirigente, lo conozco, sé de su trabajo y de su honestidad, me sumo a las voces que lo apoyan. No tengo duda que el PAN, manteniéndose unido, logrará lo que el PRI no quiere y busca detener a toda costa: que logremos el triunfo en 2018”. Este personaje del PAN será quien conduzca el proceso de sanción a los senadores Cordero, Lavalle, así como Roberto Gil Zuarth, Salvador Vega y Javier Lozano –este último ya fuera del PAN--, quienes el año pasado exigieron “un juicio justo, público, imparcial, en el que se respeten nuestras garantías y derechos”. Aunque no se ha ratificado si Gil y Vega también serán expulsados, los cinco manifestaron desde el año pasado su desconfianza hacia los integrantes de la Comisión de Orden del PAN. “Desconoceremos la autoridad y jurisdicción de los órganos a modo del autócrata dirigente. Iremos hasta el Tribunal Electoral si es necesario. Anaya no decide quién es panista o no”, advirtieron ante la eventual parcialidad del órgano sancionador. Y es que seis de los siete integrantes de la Comisión de Orden son afines a Anaya. Sólo Abel Cuevas Melo, actual oficial mayor del gobierno de Veracruz estaría al margen de este grupo, debido a que fue delegado de la Sedesol cuando Cordero fue secretario y además promovió como aspirante presidencial. Los otros integrantes de la Comisión de Orden son el secretario, Israel Castillo Olivares, exalcalde de Santa Catarina, Nuevo León; la exdiputada Mónica Bedoya Serna, de Baja California; Verónica Pérez Herrera, duranguense, también exdiputada; María Belem Montaño Salcido, sonorense, administrativa de la Fundación Rafael Preciado, y Liliana Carbajal Méndez, esposa del alcalde de Naucalpan, Edgar Olvera. De acuerdo con el artículo 128 de los Estatutos Generales del PAN, los militantes pueden ser amonestados, suspendidos en sus derechos y expulsados. “La amonestación procederá cuando se trate de infracciones leves y no reiteradas”. En ese mismo artículo, en el inciso d), se establece que la suspensión de derechos “será acordada por indisciplina, inobservancia a los estatutos y reglamentos, abandono continuo o lenidad en el cumplimiento de las obligaciones cívico-políticas, o las de militante del partido, así como en el caso de que incurran en difamación o calumnias en contra de militantes o candidatos del partido. La suspensión de derechos implica la separación de las actividades del partido”. Y en el inciso f) se indica que “la expulsión podrá solicitarse cuando las causas señaladas en los dos incisos anteriores sean graves o reiteradas, así como por ataques de hecho o de palabra a los Principios de Doctrina y programas del partido fuera de sus reuniones oficiales, por la comisión de actos delictuosos o por colaborar o afiliarse a otro partido político”. El artículo 129 garantiza el debido proceso: “Para la imposición de las sanciones a que hace referencia este artículo y demás controversias en el ámbito intrapartidista, deberá respetarse el debido proceso legal, incluidos los derechos de audiencia y defensa”. Este procedimiento no ha iniciado formalmente en la Comisión de Orden, pero el propio Anaya anunció que han llegado a esa instancia peticiones de sanción contra los cinco senadores, tres de ellos secretarios de Estado en el gobierno de Calderón, y otro, Gil Zuarth, secretario particular.