CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Funcionarios de alto nivel de la Auditoría Superior de la Federación (SAF) investigan el manejo financiero de la administración de Francisco "Kiko" Vega de la Madrid en Baja California, que ya había sido advertida de que su endeudamiento se encontraba bajo observación desde la cuenta pública 2016. Desde esta ciudad el grupo de directivos de la ASF encabezado por el director general de Investigación Económica y Análisis de las Finanzas, Miguel Luis Anaya Mora, se instaló en Baja California para investigar y detectar, de ser el caso, irregularidades o delitos en la administración de Vega de la Madrid. El equipo fiscalizador también cuenta con apoyo de una subdirectora, dos jefas de departamento, un coordinador de auditores y un auditor de fiscalización. Además, la Dirección General de Análisis e Investigación de las Finanzas Públicas se sumó a los trabajos. Su trabajo es documentar cómo el estado sigue otorgando contratos millonarios si sus números se encuentran en rojo por más de mil 900 millones de pesos. Y a los diputados también se les piden cuentas. Según un informante citado por el semanario ZETA dentro del gobierno del estado “se prendieron las alarmas”, principalmente en la Secretaría de Finanzas que dirige Bladimiro Hernández y en la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC), encabezada por Carlos Padilla Villavicencio, ambos amigos cercanos del gobernador y los responsables principales en las operaciones financieras en la entidad. Y es que, hasta ahora, según las fuentes de ZETA, no se había realizado una revisión por parte de la federación tan particular y rigurosa como la que inició hace días en BC. El semanario accedió a documentos en los que se da cuenta de la auditoría al gobierno de BC y del personal asignado a ésta. A Vega de la Madrid se le informó mediante un oficio (569-GB-GF) el 21 de febrero pasado. En ese documento se le requiere la entrega de libros, documentos, bases de datos y demás información sobre deuda y financiamiento público, y también se le ordena asignar “un área de acceso restringido ubicada dentro de sus instalaciones para que el grupo auditor desarrolle la revisión”. También el Congreso A finales de mayo, otro oficio entregado en el Congreso del estado cimbró aún más al gobierno estatal pues en él se pide una serie de documentos que debieron respaldar la aprobación de las contrataciones multimillonarias en las Asociaciones Público Privadas (APP) y que el poder ejecutivo nunca pudo mostrar frente a los diputados. Según ZETA, el requerimiento de información al Congreso es tan minucioso que la Auditoría pide le entregue “copia de minutas de registro individual de votación de la Legislatura Local en las que las dos terceras partes de los miembros autorizaron al gobierno del estado de Baja California la contratación de financiamiento, obligaciones, reestructuraciones y refinamiento en 2017”. Es decir, para la investigación los diputados tendrán que exhibir su sentido y razón de voto en la aprobación del Dictamen 95, por citar un ejemplo. Dicho dictamen incluyó el endeudamiento público por más de 85 mil millones de pesos para la desalinizadora en Rosarito y en San Quintín, así como el sistema de drenaje y pluviales en Mexicali y Ensenada, la mañana del 1 de diciembre de 2017. En aquella sesión, recordó ZETA, la bancada del PAN, a través del entonces presidente de la mesa directiva, el diputado panista Raúl Castañeda Pomposo, convocó a sesión de mañana, con un aviso 15 minutos antes de ser votada. Acudieron mayormente sus compañeros de bancada y sus aliados, con lo que lograron la aprobación de la construcción de la desaladora en Playas de Rosarito. El congreso también tendrá que mostrar a la ASF los contratos de los “financiamientos y obligaciones”, esto es, el endeudamiento, sus análisis de capacidad de pago, el destino de los recursos, la garantía de pagos, el plazo de la deuda y montos máximos, así como “los criterios aplicados por la legislatura”. Tales criterios consisten en detallar cómo se determinó que el estado “tuvo la capacidad de pago”, misma que, en todos los casos, fue avalada por la ASEBC que titula Padilla Villavicencio, mediante su opinión técnica. La ASF también solicitó al Congreso “copias de las minutas de las sesiones de la Comisión competente” en la autorización de obligaciones presupuestales, que en el caso de Baja California corresponde entregarlas a la Comisión de Hacienda encabezada por la panista Iraís Vázquez, quien se encuentra separada de su cargo desde marzo, cuando inició actividades como coordinadora de campaña y suplente de la candidata del PAN al Senado, Gina Cruz. Actualmente la Comisión se encuentra acéfala. El oficio emitido por la ASF pide también una explicación a las autorizaciones otorgadas por la legislatura local al gobierno estatal para “contribuir a obtener balances presupuestarios sostenibles”. Según la ASF el gobierno de Baja California presenta “balances negativos” de entre mil 264 millones 210 mil y mil 974 millones 4 mil 086 pesos en 2016, con cifras muy similares en 2017. En otras palabras, la Auditoría investiga por qué con sus aprobaciones, los poderes ejecutivo y legislativo continuaron generando contratos y endeudamiento cuando no existía un balance positivo en su presupuesto. Lo delicado es que el gobierno estatal aun no informa a la federación, la contratación de los proyectos de las APP que representan una obligación de pago multimillonaria a las empresas beneficiadas, según se puede consultar en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente de la Secretaría de Hacienda; listado que, por obligación de Ley, los gobiernos de los estados deben inscribir cada que se genere o se cancele un financiamiento. Peor aún, según el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gobierno de Baja California ya superó su capacidad de endeudamiento y, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera, no podía registrar las APP que con la aprobación de los diputados del PAN, ya comprometió mediante firmas de contratos e inicios de obras. Igual que Veracruz, Chihuahua, NL… De acuerdo con información del Sistema de Alertas de la SHCP citado por ZETA al 30 de mayo de 2018, en el primer trimestre del año, Baja California registró una alarma de “endeudamiento en observación”, lo que coloca a la entidad en la misma categoría que Veracruz, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora, cuyos exgobernadores han sido indiciados y procesados penalmente por malos manejos en las finanzas públicas. El Sistema de Alertas es una de las disposiciones que incluye la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, promulgada el 27 de abril de 2016 con reformas publicadas el 30 de enero de 2018. La esencia de esta legislación es evitar desfalcos como el de los exgobernadores Javier Duarte en Veracruz y Humberto Moreira en Coahuila.