El colectivo #GobiernoEspía pide a presidenciables que se pronuncien sobre 'espionaje ilegal” en México

miércoles, 20 de junio de 2018
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones sociales agrupadas en el colectivo #GobiernoEspía invitaron a los candidatos a la presidencia de la República y a los diferentes actores “que se disputan el poder popular”, a pronunciarse sobre el “espionaje ilegal” en México. A un año de la publicación del informe titulado “Gobierno espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos”, base para la presentación de una queja formal ante la Procuraduría General de la República (PGR), el colectivo denunció que se mantienen impunes los actos de espionaje mediante el malware Pegasus, en agravio de más de 20 periodistas, defensores de derechos humanos y activistas en México. Luego de precisar que se detectaron al menos cien intentos de infección a dispositivos, #GobiernoEspía sostuvo que este año se ha fortalecido la convicción de que el gobierno federal “estuvo detrás de los ataques con el malware Pegasus y de que no existe voluntad ni capacidad para llevar a cabo una investigación independiente, imparcial, exhaustiva y profesional”. Entre las inconsistencias de la investigación, el colectivo resaltó que pese a que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) reconoció haber adquirido licencias para operar el programa desde las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México, la dependencia ha respondido “de forma sorpresiva e inverosímil que no cuenta con un registro de las personas que han sido vigiladas mediante el uso de Pegasus”. En un pronunciamiento, las organizaciones denunciaron que la PGR, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), se ha negado a llevar a cabo una investigación diligente, profesional y con garantías de independencia. Ante la impunidad, agregaron, “las víctimas han tenido que recurrir al Poder Judicial de la Federación, que ya ha reconocido formalmente la falta de debida diligencia por parte de la PGR y le ha ordenado agotar todas las líneas de investigación, precisando que más que sobre los teléfonos de las víctimas, la indagatoria debe versar sobre las autoridades que usaron el software Pegasus”. A lo anterior se suma la indiferencia de las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, para atender el llamado del Comité de Participación Ciudadana a exhortar “que se investiguen también posibles delitos de corrupción”, ante la publicación de investigaciones periodísticas que señalan “que detrás de la contratación del software Pegasus podría haber una trama de corrupción vinculada con miembros relevantes del gobierno federal”. De acuerdo con la investigación de Citizen Lab, los periodistas que habrían sido objeto de espionaje son: Carmen Aristegui, además de su hijo Emilio; Sebastián Barragán y Rafael Cabrera, durante la difusión del reportaje de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto; Carlos Loret de Mola, después de publicar revelaciones del caso Tanhuato; Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por la información que difundieron sobre Panamá Papers, la corrupción en Veracruz y Conagua. También los abogados Karla Michel Salas y David Peña, quienes atienden el caso del multihomicidio de la colonia Narvarte; Mario Patrón, Santiago Aguirre y Stephanie Brewer, director, subdirector y coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), respectivamente, y representantes de los familiares de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, así como los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), monitoreados en el contexto de las indagatorias de este caso. Otras de las personas espiadas fueron Alejandro Calvillo y Luis Encarnación, director y coordinador de las organizaciones El Poder del Consumidor y Contra Peso, respectivamente; el investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Simón Barquera, en el contexto de la creación del impuesto a bebidas azucaradas, y Juan Pardinas y Alejandra Zapata, director general y directora de Educación e innovación Cívica, del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), durante la promoción de la Ley 3 de 3. El colectivo señaló que mientras las instituciones se mantienen inalterables frente al tema, este año “diversas instancias nacionales e internacionales se pronunciaron sobre el caso, destacando procedimientos especiales de la ONU y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), miembros del Congreso de Estados Unidos, el núcleo de organizaciones de la sociedad civil, de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), la Sociedad Interamericana de Prensa y personajes como Edward Snowden”. De igual manera, resaltó la mención que del caso hicieron los relatores de Libertad de Expresión de la CIDH y de la ONU, Edison Lanza y David Kaye, en el informe sobre su visita a México el año pasado. Dentro de las recomendaciones al Estado mexicano, ambos relatores pidieron “realizar una investigación independiente sobre la adquisición y el uso de malware (incluido ‘Pegasus’) para monitorear a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos”, ante las evidencias de que “el gobierno federal y los gobiernos de entidades federativas que, según se presume, han comprado o utilizado el programa espía, e incluir a expertos de organizaciones académicas y de la sociedad civil, incluso potencialmente de países extranjeros”, todo ello respetando “los derechos de quienes son objeto de acciones de vigilancia, lo que comprende su seguridad y privacidad”. Asimismo, establecer un marco legal para proteger a personas de intromisiones arbitrarias o clandestinas en su privacidad, incluida la protección de las fuentes periodísticas conforme a los estándares internacionales sobre la materia. Según la cita, los relatores sugirieron “establecer garantías y medidas de supervisión judicial de los organismos estatales implicados en vigilancia, dentro de los límites permisibles en una sociedad democrática”, así como considerar la posibilidad de crear un órgano independiente para supervisar de manera eficaz las tareas de vigilancia del Estado. Para las organizaciones firmantes del pronunciamiento, sólo mediante el cumplimiento de las recomendaciones será posible evitar la impunidad en el caso y garantizar que semejante abuso de poder público, “absolutamente incompatible con los principios mínimos de un Estado democrático de derecho”, no se repita en el futuro. Y ante la probada y reiterada incapacidad del gobierno federal “para investigarse a sí mismo y frente a la coyuntura electoral que vive el país”, lanzaron un llamado a los diferentes actores políticos que se disputan el voto popular para que adopten posiciones claras sobre la necesidad de investigar el espionaje ilegal en México y sobre regular adecuadamente las tareas de vigilancia”. Firmaron el comunicado: el Centro Prodh, Artículo 19, Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Poder del Consumidor, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Social Tic Tecnología para el Cambio.

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