MONTERREY, NL. (apro).- Al rechazar la confirmación de la sanción que, por irregularidades en la recolección de firmas de apoyo le había impuesto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el candidato presidencial Jaime Rodríguez dijo que la indagatoria sobre el hecho recayó sobre empresas que fondearon la precampaña, no sobre él. Aunque aceptará la multa que le aplica la máxima instancia en materia de comicios, “El Bronco” señaló a través de su abogado Juan Morales Alcántara que “las investigaciones no recaen sobre el candidato, sino sobre las empresas cuestionadas, mismas que en su momento deberán hacer valer lo que a su derecho convenga y con las cuales el candidato no tiene ninguna relación”. El gobernador con licencia de Nuevo León fue sancionado con 377 mil 72 pesos por la participación de servidores públicos de la entidad en la obtención de firmas de apoyo en precampaña; 226 mil 243 mil pesos más, por la triangulación irregular de los recursos de apoyo para la causa, y 135 mil 731 pesos por un patrón irregular de transferencias realizadas desde las tarjetas Oxxo Saldazo. El representante legal del candidato sin partido alegó que la acusación del Instituto Nacional Electoral, que derivó en un castigo pecuniario por más de 700 mil pesos tiene como base la aplicación de la norma internacional financiera, que es inaplicable en el derecho mexicano, lo que no puede originar ninguna sentencia condenatoria. Luego de que el miércoles, la Sala Superior del TEPJF desechara en última instancia los tres recursos de apelación promovidos, el equipo legal del nuevoleonés se declaró en desacuerdo con la valoración que le fue otorgada al origen de los recursos. En referencia a los tres acuerdos del Instituto Nacional Electoral, INE/CG473/2018, INE/CG474/2018 y el INE/CG475/2018, que promovían la sanción contra “El Bronco” por irregularidades en la fiscalización de recursos durante la recolección de apoyos en precampaña, Morales Alcántara precisó que la autoridad electoral omitió efectuar un estudio exhaustivo del expediente. A los magistrados que estudiaban los recursos de apelación, les expuso que el INE “dejó de observar los principios constitucionales rectores, vigentes y aplicables, en el ejercicio de la función electoral, como son certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad”. También les señaló que el árbitro de los comicios se abstuvo de considerar el principio de presunta inocencia del candidato, lo cual, junto con otros factores de descargo, hubieran bastado para revocar los acuerdos del Instituto.