CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Contrario a lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y a lo que se comprometió Enrique Peña Nieto en su promulgación, en noviembre pasado, las familias de las víctimas no están siendo consideradas en la implementación de la legislación, denunció el Movimiento Nacional por Nuestros en México (MNDM). Ante el riesgo de que el próximo 15 de julio sea oficializado el Protocolo Homologado de Investigación, elaborado por personal de la Procuraduría General de la República (PGR) sin consultar a los familiares de víctimas, el MNDM hizo un llamado a las autoridades para corregir las fallas detectadas en el proyecto presentado a la sociedad civil, y crear un instrumento “que sea de utilidad para investigar las más de 38 mil desapariciones en el país”. En un comunicado, el MNDM, que reúne al menos 50 colectivos de familiares de desaparecidos en el país y a unas 30 organizaciones sociales, explicó que durante meses sus representantes y asesores técnicos buscaron participar en la elaboración del protocolo y presentaron propuestas a la PGR, así como abrir un espacio de participación de las familias. El 25 y 26 de junio la dependencia presentó a las familias el borrador del protocolo elaborado unilateralmente por la PGR, mismo que fue revisado por el MNDM. Entre las deficiencias que identificaron las familias destacaron que el Protocolo elaborado por la PGR “o cuenta con estructura clara, le falta establecer mecanismos de coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y otras autoridades que participen en la investigación”. En cuanto a la participación de las familias, “no establece mecanismos adecuados y efectivos”, además de que “omite detallar el rol de la asesoría jurídica en las distintas etapas de procedimiento; respecto al apartado de investigación diferenciada, no genera mecanismos de análisis de grupos por categorías y prevé acciones que puedan ser revictimizantes para las familias; no contempla elementos necesarios y efectivos para la investigación de delitos de larga data”. Del plan de investigación, “no queda claro el momento en que debe generarse, creando confusión respecto a su efectividad para el seguimiento de diligencias, tampoco prevé tiempos específicos para los actos de investigación ni reuniones periódicas para su seguimiento y actualización continua; la construcción de hipótesis delictivas es confusa; y no prevé un seguimiento adecuado de acompañamiento psicosocial para las familias y víctimas indirectas durante el proceso”. Al señalar que con la actuación unilateral de la PGR se violentó el artículo 99 de la misma Ley General, que obliga a las instituciones del Estado a consultar a los familiares de las víctimas en la implementación de la legislación, el MNDM destacó que durante la revisión del borrador se les informó que el documento “será publicado el día 15 por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia sin señalar claramente el mecanismo de seguimiento para integrar las preocupaciones y propuestas vertidas desde el inicio del proceso y, en particular, los días 25 y 26 de junio”. Tras exigir que sea replanteado el mecanismo de consulta, “para generar una herramienta eficiente que permita la búsqueda e investigación efectivas”, el MNDM se pronunció por la participación real de las familias en la implementación de la Ley y construir “un Protocolo que sea de utilidad para investigar las más de 38 mil desapariciones”. Para corregir la situación, el MNDM llamó a las autoridades a “generar procesos participativos efectivos en toda la implementación de la Ley General, que garantice el principio y participación conjunta y estándares internacionales”, así como a “convocar a una comisión de coordinación de redacción del Protocolo de Investigación y Búsqueda que establezca la metodología para la revisión y edición de los dos instrumentos y permita la participación efectiva de las familias”. El MNDM recordó que así como lucharon las familias para la aprobación de la Ley General, así lo harán para que se implemente “de la manera más adecuada, pues aún falta por crear los diversos programas, lineamientos y herramientas previstas en la Ley General”, y con la colaboración de las familias y las organizaciones pueden “avanzar hacia instituciones que garanticen la protección y efectividad de los derechos humanos”.