CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) asumir su competencia y pronunciarse sobre los documentos en su poder, relacionados con el asesinato de Arturo Hernández Cardona, defensor de Derechos Humanos en Guerrero. Hernández Cardona fue líder del movimiento campesino “Unidad Popular”, que se declaró en franca oposición a José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala, Guerrero, de enero 2012 a octubre 2014. Una particular solicitó a la PGR todos los documentos en su poder relacionados con el asesinato de Arturo González (sic), radicado en el expediente HID/SC/01/0758/2013 y asignado por el Ministerio Público del Estado de Guerrero. Sin embargo, la PGR se declaró “notoriamente incompetente” para conocer de la solicitud, con el argumento de que lo requerido no está ligado a las facultades que tiene la dependencia para investigar y perseguir delitos del ámbito federal. La PGR indicó que la información solicitada podría estar relacionada con las atribuciones de la Fiscalía General de Guerrero, por lo que sugirió presentar la solicitud ante la misma. Inconforme, la particular interpuso recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó como agravio que la PGR no realizó una búsqueda exhaustiva, para determinar la posesión de la información solicitada. La PGR reiteró su incompetencia en la fase de alegatos. Al analizar el caso, la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez, advirtió que la PGR, a través de la Unidad de Transparencia, se limitó a manifestar su incompetencia para contar con los documentos requeridos, sin realizar una búsqueda exhaustiva de la información en diversas áreas facultadas para atraer expedientes, carpetas de investigación y/o averiguaciones previas, instauradas en las fiscalías locales. A juicio de la ponencia de Salas Suárez, la PGR “sí puede conocer de lo requerido”, ya que diversas áreas a su cargo cuentan con esa facultad de atracción de investigaciones por delitos del fuero común. Por ello, a propuesta de la ponencia del comisionado Salas Suárez, el pleno del INAI consideró fundado el agravio de la particular, revocó la respuesta de la PGR y le instruyó a que asuma competencia para conocer de lo solicitado y emita la respuesta que en derecho corresponda, conforme al procedimiento establecido en la Ley Federal de Transparencia. Salas Suárez refirió que, de acuerdo con diversas notas periodísticas el asesinato de Arturo Hernández es atribuido al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, a quien también se le relaciona con los hechos de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Indicó que de acuerdo con una entrevista concedida al periódico El País, Nicolás Mendoza Villa, entonces colaborador de Arturo Hernández relató que el secuestro, tortura y muerte del activista fue perpetrado por agentes del Estado, mismos que son investigados por asociarse con el crimen organizado u otros agentes privados, tal como sucedió en otros sucesos como Atenco, Apatzingán, Ayotzinapa, San Fernando, Tlatlaya o Nochixtlán. “Sus características responden a los parámetros del derecho internacional para calificarlos como violaciones graves a derechos humanos, como lo explican fuentes expertas como los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que colaboró en la investigación del caso Ayotzinapa o la organización Open Society Foundations en su informe “Atrocidades Innegables de 2016”, apuntó. En dicho informe, señaló el comisionado del INAI, se ofrece evidencia para afirmar que: “la magnitud de los asesinatos, desapariciones y torturas durante varios años satisface el umbral legal para ser considerados como un fenómeno «generalizado». Asimismo, la amplitud, los patrones y la intensidad de los delitos sugieren firmemente que también pueden ser considerados como fenómenos «sistemáticos».” Por ello Salas Suárez insistió en la importancia de constituir y fortalecer las instituciones en materia de combate a la corrupción, toda vez que “las autoridades que formamos parte del Sistema Nacional Anticorrupción y las que forman parte de los Sistemas Locales Anticorrupción, no podemos permitir que la corrupción y la impunidad debiliten la capacidad del Estado”. “La información pública contiene la evidencia que servirá para investigar y esclarecer casos como el de Arturo Hernández Cardona. Es el insumo por excelencia para fincar las responsabilidades correspondientes e intentar dimensionar las reparaciones debidas a las víctimas y sus allegados, pero también para que cada historia se conserve en la memoria de los mexicanos y que nunca más se repitan”, concluyó.