CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desconoce los términos en los que el Poder Judicial de la Federación (PJF) resolvió una sentencia relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que instruye la participación del organismo en algunas de sus consideraciones. En un comunicado, el organismo informó que se encuentra analizando “el sentido y alcance de la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en el Decimonoveno Circuito, con sede en Tamaulipas, respecto de los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, relacionados con los hechos sucedidos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014”. De acuerdo con la sentencia dada a conocer ayer lunes, los magistrados Juan Antonio Trejo Espinoza, Héctor Gálvez Tánchez y el autor del proyecto, Mauricio Fernández de la Mora, ordenaron la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, para corregir los errores de la Procuraduría General de la República (PGR), instancia en la que tendrían que participar los familiares de las víctimas, sus representantes, la CNDH y organismos internacionales. El resolutivo también considera que “todo oficio o determinación que se emita para su validez deberá contar con el aval de los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, actores que deberán tener un papel activo en la determinación de las líneas de investigación y las pruebas a practicarse. Ante la sentencia histórica, derivada de un litigio promovido por procesados por la desaparición de los jóvenes, la CNDH puntualizó que “al no haber sido parte en los juicios de amparo señalados, ni en el recurso promovido”, no está “al tanto de los términos en que fueron planteados dichos juicios de amparo y, por tanto, para estar en aptitud de emitir su opinión sobre el pronunciamiento judicial, ha procedido a conocer los elementos de convicción valorados y los argumentos esgrimidos por los magistrados para llegar a dicha determinación”. En su breve comunicado, el organismo sostuvo que “actuará con estricto apego a la Ley” y que “continuará realizando las labores de investigación que, de manera comprometida, sostenida y profesional, ha desarrollado para la determinación de violaciones graves a derechos humanos, mismas que le permitirán emitir la Recomendación correspondiente y que en derecho proceda”.