CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A una semana de que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, llamara al gobierno de Enrique Peña Nieto a “poner fin a la ola de desapariciones en la ciudad de Nuevo Laredo”, su representante en México, Jan Jarab, acudió a una misión de trabajo a la ciudad fronteriza. Jarab participó en una mesa de trabajo con autoridades y familiares de víctimas de desaparición y ejecuciones extrajudiciales, “para alcanzar acuerdos y avanzar en soluciones ante la grave situación que se vive” en Nuevo Laredo, Tamaulipas. De acuerdo con una comunicación de la ONU- DH, en el encuentro Jarab urgió a las autoridades federales a buscar “particularmente con vida” a los desaparecidos, 23 identificados por su oficina, 31 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y 17 por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), en los primeros cinco meses del año. De igual manera, exigió la investigación de los hechos y sanción a los responsables “para evitar la impunidad”, así como protección a las familias y testigos --“en un contexto de amenazas” recibidas por algunos familiares-- y garantías de no repetición. Para el representante de la ONU, siendo la desaparición “uno de los retos más grandes de México, esta ola reciente de desapariciones en Nuevo Laredo se ubica entre las más preocupantes. Se trata de un caso emblemático en su conjunto”, dijo. En la mesa de trabajo participaron el subsecretario de Derechos Humanos, Rafael Avante, y funcionarios de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), así como el fiscal especializado en Búsqueda de Personas Desaparecidas, Abel Galván; el Comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera, y el segundo visitador de la CNDH, Enrique Guadarrama. También acudió personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado. En entrevista telefónica, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, informó que en la reunión participaron la mayoría de las familias de desaparecidos en los últimos meses, quienes identifican como responsables a elementos de la Secretaría de Marina (Semar) perteneciente al cuerpo de Operaciones Especiales desplegados en la ciudad fronteriza. Ramos Vázquez destacó que durante la mesa de trabajo se notificó que efectivos de ese cuerpo castrense “están concentrados en la Ciudad de México, a disposición para ser investigados”, y en breve se accederá a los cuarteles navales instalados en Nuevo Laredo para su revisión. El defensor dijo que las autoridades de la PGR se comprometieron a iniciar la revisión de los 23 casos de los que tuvo conocimiento la ONU-DH y de los cuales ya existían antecedentes en la subdelegación de la dependencia en Nuevo Laredo. Asimismo, detalló que en un plazo de 48 horas se coordinarán búsquedas en la entidad por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, “toda vez que en la entidad no existe ni fiscalía especializada, ni unidad de búsqueda de personas desaparecidas”, pese a que así lo ordena la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. “Hasta ahora el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca no tiene el más mínimo interés en dar respuesta a las demandas de justicia de las familias, ni siquiera se presentó a la reunión, que se realizó en instalaciones de la presidencia municipal, encabezada por Rafael Pedraza”, apuntó. De acuerdo con el defensor, durante el encuentro algunas de las mujeres que buscan a sus familiares denunciaron a la página de Facebook “La Voz del Pueblo2”, por difamar a las familias de las víctimas y a Ramos Vázquez, y mostraron que mientras se llevaba a cabo la reunión, los administradores de la web publicaron mensajes intimidatorios contra algunas mujeres que buscan a sus maridos. A través de esa misma página de Facebook, Proceso recibió mensajes intimidatorios tras la publicación de un segundo reportaje sobre la “ola de desapariciones” en Nuevo Laredo. “El subsecretario (de la Segob) revisó la página en ese momento, y le pidió al personal de la PGR iniciar una investigación al respecto para identificar a los responsables”, apuntó Ramos Vázquez. También refirió que durante la mesa de trabajo se estableció crear un “esquema de protección” para las familias que han denunciado desapariciones a manos de marinos, en particular de cuatro mujeres que fueron amenazadas, así como del propio Ramos Vázquez. “Lo que pudimos observar es que la presencia del representante de ONU-DH y del segundo visitador de la CNDH debe comprometer a las autoridades a esclarecer los casos, castigar a los responsables y garantizar que no vuelvan a suceder situaciones similares”, concluyó el presidente del CDHNL.