CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones no gubernamentales alertaron que los costos de atención de las enfermedades causadas por tabaquismo, exceso de alcohol y la obesidad se han estimado en 555 mil 794 millones de pesos (mdp) al año, de acuerdo a diversas fuentes, principalmente la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud, así como del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. También señalaron que los impuestos especiales de productos y servicios (IEPS) se han establecido como un mecanismo para compensar los daños que genera el consumo de estos productos, sin embargo, estos recursos no se han destinado a la prevención ni a la atención de estas afectaciones. Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor (EPC); Erick Antonio Ochoa, director de Políticas Públicas en Salud de la Fundación InterAmericana del Corazón México (FIC México), y Francis Zaballa, directora de Acción Contra el Alcoholismo AC, revelaron en rueda de prensa que los impuestos especiales a alcohol, tabaco, comida chatarra y bebidas azucaradas generan más de 130 mil mdp. Estos recursos, plantearon, debieran ser considerados por representantes del próximo gobierno lopezobradorista para prevenir las enfermedades que provoca el alcoholismo, el tabaquismo y la obesidad, que son la principal causa de enfermedad y muerte y del colapso del sistema de salud, como el principal reto de la administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador. Igual argumentaron, en un comunicado, que “las grandes corporaciones del tabaco, el alcohol y la chatarra han capturado a las instituciones gubernamentales logrando bloquear las regulaciones que recomienda la Organización Mundial de la Salud para reducir el consumo de estos productos, provocando que estos daños tiendan a agudizarse. “Las proyecciones son catastróficas, tan sólo los costos del sobrepeso y la obesidad se estima se incrementarán a 272 mil millones de pesos para el año 2023, cuatro veces más que en 2008”. Por ello, consideraron que se requiere urgentemente reducir el consumo de estos productos con regulaciones efectivas que comprendan la publicidad, la venta, el etiquetado, la vigilancia de estas regulaciones, el fortalecimiento de impuestos y etiquetar estos recursos para la prevención y mejora de condiciones en las poblaciones más vulnerables. Fiorella Espinosa, investigadora en salud alimentaria en El Poder del Consumidor, mencionó que “para reducir el consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas, las cuales son la causa principal de las epidemias de obesidad y diabetes, es necesario establecer una Ley General contra el Sobrepeso y la Obesidad que, de manera efectiva, erradique la publicidad de estos productos dirigida a la infancia de estos productos, establezca un etiquetado frontal de advertencia en los productos no saludables, aumente el impuesto a bebidas azucaradas a 20% según las recomendaciones de la OMS y destine estos recursos del IEPS a campañas de orientación alimentaria directas, establezca bebederos en escuelas y espacios públicos y obligue a vigilar el cumplimiento de lineamientos en escuelas. Los recursos se deben enfocar en las poblaciones más vulnerables”. Erick Antonio Ochoa, director de Políticas en Salud Pública de FIC México, subrayó la necesidad de establecer políticas públicas para el control del tabaco que cumplan con el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT). “En México es necesario reformar la Ley General para el Control del Tabaco y aumentar los impuestos a este producto, según las recomendaciones del CMCT; eliminar las excepciones de la publicidad y promoción de los productos de tabaco, aumentar los pictogramas de las cajetillas a un 50%, establecer licencias municipales para el control en puntos de venta. Para disminuir la prevalencia del tabaquismo, el nuevo gobierno debe priorizar estas políticas públicas”, sentenció. Sobre las políticas fiscales para el alcohol, Francis Zaballa, de Acción Contra el Alcoholismo AC, explicó: “Sugerimos al nuevo gobierno que parte del dinero recaudado por los impuestos a las bebidas alcohólicas se utilice para diseñar e implementar, de la mano de la academia, según datos basados en evidencia científica, un Programa Nacional de Prevención de Consumo de Alcohol, así como campañas de no consumo entre los jóvenes. “Del mismo modo, solicitamos la prohibición de la publicidad de bebidas alcohólicas (con sus variantes) en medios de comunicación, centros deportivos y escuelas, donde conviven los niños y jóvenes. Solicitamos también que existan etiquetados claros de advertencia sobre el daño que genera el consumo de alcohol, regulación en su venta estableciendo como edad mínima los 21 años, así como el aumento de impuestos de acuerdo con las recomendaciones internacionales”.