Uno de los retos de AMLO será "reducir la brecha social" que vulnera al pueblo indígena: ONG

domingo, 12 de agosto de 2018 · 13:07
CIUDAD DE MEXICO (proceso.com.mx).- Uno de los principales retos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador será reducir la brecha social que vulnera el desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas, afirmó el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”. Su presidente, José Antonio Lara Duque, advirtió que en México existe el peligro de que varias comunidades se extingan, por ello, es prioritario, impulsar acciones que fortalezcan ámbitos importantes como la educación, salud y empleo. El abogado Lara Duque recordó que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) dio a conocer que los pueblos indígenas custodian y perpetúan culturas excepcionales y relaciones con el medio ambiente natural. Además, encarnan una gran parte de la diversidad lingüística y cultural de la humanidad que compartimos. “Representan una gran diversidad, con más de 5 mil grupos distintos en unos 90 países y hablan más de 7 mil lenguas en el mundo. Se estima que son 370 millones de personas las que componen a los pueblos indígenas, es decir, más del 5 por ciento de la población global. Sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables representando el 15 por ciento de los más pobres”, dijo. “Las poblaciones autóctonas han buscado durante años que reconozcan sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales. Pese a ello, a lo largo de la historia, sus derechos fundamentales han sido siempre violados. “En la actualidad, se encuentran entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas en todo el mundo, por lo que la comunidad internacional reconoce la necesidad de diseñar e implementar políticas públicas orientadas a proteger sus derechos, mantener sus culturas y formas de vida”, agregó. El activista mencionó, como ejemplo, que cinco hombres y una mujer de San Pedro Tlanixco, en el Estado de México, se encuentran en prisión desde 2003 por defender el derecho al agua, con sentencias condenatorias de 50 años, sin que se haya hecho una investigación imparcial y se respeten sus derechos como indígenas nahuas.

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