CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Afectados por el derrame de 40 millones de litros sulfato de cobre en los ríos Bacánuchi y Sonora hace cuatro años, exigieron a los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se les reconozca su derecho a ser consultados sobre la ampliación de una presa de jales construida por Grupo México, empresa responsable del desastre ecológico más grave causado por la minería en el país. Acompañados por activistas de diversos movimientos de defensa de la tierra, el agua y el medio ambiente en el país, en particular por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco (FPDT), los habitantes de la comunidad de Bacánuchi, la más afectada por el derrame, realizaron una protesta frente a la SCJN para pedir a los ministros que atiendan sus demandas plasmadas una solicitud de amparo, que estaría por resolverse este miércoles 22. A los asistentes de la manifestación, Maribel Bustamante mostró las palmas de sus manos, en las que se advierten daños causados por el derrame de las aguas contaminadas, debido a que ella se encontraba en el río el 6 de agosto de 2014, por lo que sufrió daños también en otras partes de su cuerpo. Recordó que estuvo expuesta directamente a las aguas contaminadas y se le suspendió el tratamiento alegando que “tenía hongos” en la piel. Maribel, como los habitantes de las cuencas de los ríos afectados, están espantados por saber que Grupo México está construyendo una presa de jales 80 mil veces más grande que la que le provocó daños en la piel. “Exigimos a los ministros de la SCJN que reconozcan nuestros derechos humanos a conocer los proyectos que va a hacer el gobierno y Grupo México y cómo nos van a afectar”, dijo la mujer que junto con decenas más, se desplazaron desde Sonora para protestar contra la ampliación de la presa de jales de la minera Buenavista del Cobre. “Nos quedamos sin cultivos, ya no sembramos elotes porque tenemos miedo de que estén envenenados; los duraznos se pudren en las matas; a los vecinos se les ha muerto el ganado, Grupo México dijo que nos iba a dotar de agua potable durante seis años y no lo hizo, ahora tenemos que comprar garrafones y quien no tiene dinero, toma el agua de la llave”, narró por su parte María Elena Bustamante. María Elena recordó que por el desastre minero fueron afectadas 22 mil personas de forma directa y 250 mil indirectas, de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Bavícora y Ures, al señalar que “el derrame de hace cuatro años nos cambió la vida”. Los habitantes de los municipios afectados se congregaron en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), a través del que han dirigido su estrategia jurídica, acompañados de la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder). “Nadie nos ha escuchado”, lamentó Martín Valenzuela, representante de los CCRS, quien agregó que tras el desastre “la minera y el gobierno se confabularon y crearon un fideicomiso que nunca llegó a los afectados; hubo promesas de reubicación de pozos que no se hicieron, y ahora los daños llegan hasta Hermosillo”. Valenzuela recordó que luego del desastre, Grupo México abrió un fideicomiso con dos mil millones de pesos, de los cuales “se supone se gastaron mil 200 millones, de los 800 no se sabe nada, pero lo cierto es que no hubo una reparación real para los afectados”. De acuerdo con el abogado de Poder, Luis Miguel Cano, el fideicomiso entregó recursos por única vez a razón de 10 mil pesos por hectárea “sin importar la siembra”; 14 por negocio y 15 por daños a la salud. Cano explicó que el fondo del amparo es que los magistrados reconozcan el derecho de las poblaciones a ser consultados en temas de medio ambiente cuando megaproyectos afectan su comunidad. Dijo que en la actualidad hay deficiencias en la legislación que rige los temas de medio ambiente, que no obliga a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanat) a informar a las zonas afectadas por los megaproyectos, sino que “las comunidades sean las que tengan que estar a las vivas”, y revisar los listados que se publican en internet. Cano dijo que los ministros tienen “dos alternativas muy claras: poner de pretexto la ley, decir que tiene insuficiencias, que tiene lagunas, que ahí no está prevista la participación para todos los casos, que no hay necesidad de informar”, o bien dar la razón a los demandantes y “comportarse a la altura de un tribunal constitucional, a la altura de sus remuneraciones, ser garante de derechos humanos y (…) decidir que el derecho a participar de manera informada en los temas medioambientales está en la constitución en los tratados internacionales que es su obligación proteger la mayor protección de las personas”. Puntualizó que la decisión que tomen los ministros de la segunda sala el próximo miércoles puede sentar un precedente para otros casos y prevenir los que vengan, porque en este país “todos estamos expuestos a que un día amanezcamos con una obra al lado de nuestra casa, en nuestra comunidad”. Trinidad Ramírez, integrante del FPDT insistió en el llamado a los ministros de la SCJN para atender el reclamo de las comunidades afectadas por el derrame de material nocivo en los ríos Bacánuchi y Sonora. Ramírez llamó a los ministros a razonar que “la lucha de los pueblos también es de ellos” y que los pueblos “sólo tienen su voz para enfrentar al poder de los dueños del dinero”, por lo que exigió que dejen de “proteger a los que nos despojan de nuestro territorio, que no tengamos que ir a instancias internacionales a buscar justicia, si ellos pueden garantizarla aquí”. Benjamin Cokelet, representante de Poder, coincidió en que la SCJ “tiene la oportunidad histórica para poder estar al día con las decisiones internacionales que favorecen la participación amplia y anticipada de las comunidades en temas medioambientales”. María Colín representante en México de Greenpeace, anunció que junto con otras organizaciones como ProDesc, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Litiga Ole, Oxfam México y el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) así como Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), entregarían un amicus curie a los ministros de la SCJN para respaldar la demanda de amparo. “El máximo tribunal se encuentra en un momento histórico acerca de un fallo que versa sobre el derecho a la participación pública medioambiental”, dijo Colín antes de entregar el amicus. “Se trata de un asunto de gran trascendencia para la sociedad, por lo que presentamos a la SCJN consideraciones legales sobre la participación ciudadana en las políticas públicas, que es un derecho humano, vital para mantener sociedades democráticas con gobiernos abiertos a recibir opiniones aún cuando sean discordantes con su visión”, concluyó. Durante la manifestación frente a la SCJN, inconformes con otros megaproyectos en Puebla, Estado de México y Mexicali, Baja California, expresaron su solidaridad con los afectados por el derrame de aguas contaminadas en los ríos Bacánuchi y Sorona hace cuatro años.