CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A un mes de que se cumplan cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, sus padres y madres toman una vez más las calles con la exigencia de que se esclarezca el caso y con la denuncia de nuevos agravios del gobierno de Enrique Peña Nieto en su contra. Así interpretan la lluvia de recursos judiciales interpuestos por instancias federales para evitar la conformación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas (Proceso 2181). Al cierre de esta edición, según los representantes legales de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, los tribunales federales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) habían recibido unos 220 recursos de al menos 10 dependencias federales, como la Presidencia, la Procuraduría General de la República (PGR), las secretarías de Hacienda, Marina (Semar), Defensa Nacional (Sedena), Gobernación y Salud, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Policía Federal y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. La Cámara de Diputados se sumó al gobierno. Además, efectivos de Semar y Sedena, así como de la Policía Federal, realizaron escritos con el mismo objeto, de forma individual pero auspiciados por las dependencias donde trabajan. Los últimos textos, presentados el miércoles 22, corresponden a los marinos Víctor Hugo Miranda Lima y Alcibiades Marcelino Ayodoro. A ellos se les atribuye la captura de Salvador Reza Jacobo y Benito Vázquez Martínez, con cuyos testimonios se ha construido la “verdad histórica” aun cuando los detenidos denunciaron torturas. Para exigir el respeto a la independencia y autonomía del Poder Judicial ante el embate del gobierno de Peña Nieto, padres y madres acompañados de normalistas de Ayotzinapa acudieron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), donde fueron recibidos por el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales.  “Es la tercera vez que nos reunimos con el presidente de la Corte. La primera (el 22 de enero de 2018) nos dijo que cómo era posible que no hallaran a nuestros hijos después de tanto tiempo; después, que iba a estar al tanto de lo que decidieran los jueces (el 7 de febrero) y ahora sólo que el caso no había llegado a sus manos pero que confiáramos en que la Corte era independiente y autónoma”, relata Emiliano Navarrete Victoriano, padre de José Ángel Navarrete. Añade: “Ya nos cansamos de las palabras bonitas. Queremos hechos, que los funcionarios hagan su trabajo; de la Corte lo que queremos es que defienda la sentencia para crear la Comisión de Investigación, que es para nosotros la esperanza de saber qué pasó con nuestros hijos”. Entrevistado en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones que representa a los familiares de las víctimas, Navarrete atribuye el temor de Peña Nieto a ser investigado, lo que explica que en su reciente entrevista con la conductora de Televisa Denise Maerker reivindicara la “verdad histórica” del entonces procurador Jesús Murillo Karam y sostuviera que “todos los elementos de investigación concluyen lo mismo”: que los estudiantes fueron ejecutados y calcinados en el basurero de Cocula, e incluso que “en labores de inteligencia” del gobierno de Estados Unidos se confirmó que los jóvenes fueron “quemados en el basurero” y que el responsable de la desaparición de los jóvenes fue el crimen organizado en colusión con policías municipales. Considera que esas expresiones del mandatario saliente son una “grosería”, “porque está científicamente comprobado” que la “verdad histórica” no es tal y, al contrario, los mensajes de texto de la DEA intervenidos muestran que “los muchachos seguían vivos” en un horario en que según la PGR ya habían desaparecido. En el mes 47 de la desaparición de los jóvenes estudiantes, Navarrete Victoriano insiste en la exigencia de que se confirme el mandato de crear la Comisión de Investigación ordenada por el Primer Tribunal Colegiado. “Es nuestra esperanza de saber qué pasó con los muchachos, porque la otra opción, la Comisión de la Verdad (propuesta por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador) no va a empezar a trabajar luego luego; a lo mejor tiene que pasar por los diputados o los senadores, y eso va a tardar. “Nuestra exigencia será la misma: saber qué pasó con nuestros hijos y castigo para los responsables, para todos, también Peña Nieto.” Sigue la lucha jurídica A los actos de protesta para evidenciar la estrategia del gobierno de Peña Nieto contra la Comisión de Investigación, los padres y madres de los 43 normalistas han presentado una serie de recursos jurídicos para conocer la verdad y obtener justicia. Una vez que la PGR presentó el 20 de junio el “incidente de imposibilidad real, jurídica y material de cumplimiento” –un término jurídico inexistente– contra la resolución del Tribunal Colegiado ante el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, los familiares de las víctimas presentaron un desahogo de vista el 3 de julio ante el mismo órgano jurisdiccional. El 11 de julio, mediante su abogado Luis Eliud Tapia Olivares, del Centro Prodh, los padres y madres de los 43 presentaron alegatos ante el magistrado del Tribunal Unitario. Ese letrado acudió a la audiencia incidental celebrada ese mismo día en su sede en Reynosa, a la que no acudieron representantes de la PGR, más allá del agente del Ministerio Público adscrito, ni de la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados ni otra instancia federal. La resolución que emitió el magistrado Sabino Pérez García el 19 de julio hace eco del incidente presentado por la PGR. Los abogados del Centro Prodh interpusieron un recurso de inconformidad en el cual resaltan que el magistrado no se pronunció sobre al menos 12 argumentos presentados por los familiares de los desaparecidos ni tomó en cuenta que sólo su abogado Tapia Olivares acudió a la audiencia oral. Los escritos firmados por 43 padres y madres de las víctimas y sus abogados defienden la sentencia del Primer Tribunal Colegiado, de entrada por ser un resolutivo considerado constitucionalmente inatacable, amén de que “es facultad y obligación de los tribunales que ejercen control constitucional (…) de llamar a actuar o dejar de actuar de determinada manera a toda autoridad cuyo actuar dependa de la restitución de los derechos humanos en juego”. En su documento, los padres y madres de los normalistas advirtieron que la PGR no probó cómo es que la Comisión de Investigación era de imposible cumplimiento, más allá de hacer manifiesta su inconformidad en aras de revertir la decisión. Y citan las palabras que pronunció el presidente de la SCJN el 9 de noviembre de 2017: “Si no se cumplen las sentencias, el Estado de derecho no es más que una ficción”. Los familiares de los estudiantes de­saparecidos puntualizan que el cumplimiento de la resolución que ataca el gobierno de Peña Nieto “representa una esperanza” para tener noticias sobre el paradero de sus hijos. Para los padres y madres de los 43, “la resolución del presente caso conlleva preguntar cuál es el papel de los y las juzgadoras, así como de los tribunales al impartir justicia en casos como el que nos ocupa”. El cuestionamiento no sólo se refiere al impacto que las decisiones judiciales tienen sobre los directamente interesados, sino “de cara a la sociedad en general, que demanda un Poder Judicial independiente y autónomo, que actúa como contrapeso del Ejecutivo cuando éste se aparta de la constitucionalidad, de la convencionalidad, de la legalidad e incluso de la más elemental ética pública”, según se lee en el texto del recurso de inconformidad. En entrevista, Tapia Olivares destaca que la embestida judicial contra la sentencia del Tribunal Unitario revela que “Peña Nieto tiene urgencia por que el asunto de Ayotzinapa se cierre antes de que salga”. Agrega: “Lo que vemos es que Peña tiene una preocupación vinculada con los hechos de desaparición, que se sepa lo que ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27, y la otra es que se conozcan todas las irregularidades que cometieron en la investigación de los hechos: la tortura, la fabricación de la ‘verdad histórica’ y ahí sí podría estar implicado Peña, porque era a él a quien le reportaba Tomás Zerón (director de la Agencia de Investigación Criminal cuando se realizaron los ataques a los estudiantes) y él fue el que construyó la llamada verdad histórica”. Apunta que en la ya mencionada entrevista con Maerker “Peña se implica en los hechos cuando dice que lo del basurero es la verdad; él mete las manos al fuego por todo, cuando no hay sustento en el expediente de lo que él dice”. Para el abogado del Centro Prodh, el acuerdo firmado por el ministro Luis María Aguilar el 14 de agosto (en el que se acepta a trámite la solicitud de la PGR para que atraiga la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Reynosa) ha prendido las señales de alerta, puesto que “abrir la sentencia sería poner en entredicho al Poder Judicial a costa de darle la razón a la PGR”. El abogado cita algunas líneas del acuerdo que preocupan, como la invocación de la facultad de la SCJN de “fijar los alcances del fallo protector” que emita el Tribunal Colegiado sobre el caso. Desde su punto de vista, habría una “crisis constitucional” si la Corte decide “poner en riesgo su independencia y autonomía en aras de proteger a un régimen que ya se va, en un asunto que lo va a marcar para siempre”. Para Tapia Olivares, el escenario puede cambiar si la sentencia garantista sobrevive después de que llegue el próximo gobierno: “Si hay voluntad política, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría desistirse de todos los 220 recursos presentados y solicitar al Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas que lo cite para crear la Comisión de Investigación”. Por el momento, dice, “estamos en un limbo de transición en que la sentencia está siendo vapuleada por todos los frentes habidos y por haber, y pareciera que el gobierno en turno no quiere dejar viva una sentencia así, es dejar una puerta grande a investigar de forma efectiva lo que pasó y a tener un cuestionamiento amplio de su verdad histórica”. Este texto se publicó el 26 de agosto de 2018 en la edición 2182 de la revista Proceso.