CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, hizo un llamado al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a “marcar un punto de quiebre y romper la trágica historia de dolor que ha acompañado a las víctimas de desaparición en México”. En el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto, pidió al próximo gobierno considerar como “una prioridad” combatir ese crimen de lesa humanidad y esclarecer los casos registrados en el país desde los años 70, durante la llamada “guerra sucia”. Ante un escenario en el que tienen oficialmente más de 37 mil personas desaparecidas en los últimos 10 años, el representante de ONU-DH urgió a “superar la pesada herencia de decenios de negación, falta de reconocimiento de la dimensión del problema, ausencia de voluntad, ineficacia y revictimización”. Para Jarab, el cambio de régimen representa el “momento de que México inicie una nueva etapa y ponga fin a la angustia sin tregua que han enfrentado miles de víctimas de desaparición en el país”. Tras valorar positivamente “las señales” del próximo gobierno que muestran la voluntad de atender el problema, Jarab recomendó implementar de manera efectiva la Ley General sobre Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en la que “debe garantizarse la participación efectiva, real y constante de las familias que buscan con tenacidad a sus seres queridos”. Para el representante de ONU-DH será indispensable “buscar de manera apropiada a las personas desaparecidas, garantizar la atención y reparación de las víctimas, adoptar medidas efectivas de no repetición y desarrollar políticas contra el olvido”. Al hacer un reconocimiento “con admiración” a las cerca de 80 mujeres que hace 40 años protestaron en el atrio de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, en exigencia de la presentación con vida de sus hijos, Jarab puntualizó que “el combate a la desaparición forzada de personas debe incluir aquellas que se iniciaron en el contexto de la denominada ‘guerra sucia’”. El diplomático consideró que, para la implementación real, es necesario diseñar un plan que “dote de recursos suficientes a las instancias encargadas de su cumplimiento y fortalezca las capacidades de investigación criminal, la prestación de servicios periciales y forenses y la asistencia a las víctimas”. Más aún, llamó al próximo gobierno a “erradicar la impunidad” en la que se encuentran los casos de desaparición en México, para lo cual se debe tomar en cuenta que este delito es de “carácter continuo e imprescriptible” y que el derecho internacional prohíbe “adoptar cualquier medida legislativa o administrativa que inhiba el deber imperativo del Estado de perseguirlo”. Sin duda, las autoridades que tomarán el poder a partir del 1 de diciembre “deben investigar de forma diligente a los perpetradores y sancionarlos con penas apropiadas que atiendan la extrema gravedad del delito a fin de erradicar la impunidad”, compromiso en el que los gobiernos estatales y municipales están obligados a participar, sostuvo Jarab. Incluso alentó al próximo gobierno a “profundizar su apertura al escrutinio y asistencia internacionales”, para empezar aceptando la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU (CED) para recibir comunicaciones individuales; admitir la visita al país del mismo, solicitada desde 2013; elaborar un plan de acción para atender las Acciones Urgentes emitidas por dicho Comité, así como acceder al diálogo al que éste ha invitado al Estado mexicano para revisar la implementación de las Observaciones Finales adoptadas en 2015. Además, comentó que deberá respaldarse el trabajo del Mecanismo de Seguimiento para el Caso Ayotzinapa, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en materia de desaparición. El representante de ONU-DH reiteró su disposición a “seguir brindado su asesoría y cooperación técnicas al Estado mexicano para combatir este crimen atroz” y puntualizó que continuará “acompañando a las víctimas de desaparición en México en la búsqueda de justicia, verdad, reparación, construcción de memoria y garantías de no repetición”.