CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Representantes de 245 organizaciones de la sociedad civil emplazaron al presidente electo Andrés Manuel López Obrador a aceptar y poner en operación las recomendaciones que surjan del próximo Examen Periódico Universal (EPU) de México en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En conferencia de prensa para presentar el “Informe conjunto para el Tercer Examen Periódico Universal de México”, defensores urgieron a López Obrador a instruir a su próximo canciller Marcelo Ebrard Casaubón a acudir a la audiencia en la que los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos analizarán la situación de derechos humanos del país, el próximo 7 de noviembre en Ginebra. Zué Valenzuela, coordinadora jurídica de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) -que aglutina a 84 organizaciones en 23 estados del país- sostuvo que siendo que le corresponde a la Cancillería la interlocución con los organismos internacionales de derechos humanos, hay “preocupación” de que, hasta ahora, no exista un pronunciamiento claro por parte de Ebrard Casaubón en torno a la obligaciones internacionales ni existe un acercamiento con organizaciones de la sociedad civil para dialogar al respecto. “Recientemente se dio a conocer el informe de país del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW), en tanto que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) reiteró su solicitud de venir a México, pero, hasta ahora, no ha habido una posición por parte del futuro canciller al respecto, no conocemos ningún compromiso claro con el cumplimiento de las recomendaciones. “La preocupación es que se tomen las observaciones de los organismos como temas que corresponden a la administración de Enrique Peña Nieto y no se asuman como Estado”, destacó la defensora, quien insistió en que hasta ahora quienes han dado respuesta a los órganos internacionales ha sido personal del servicio profesional de carrera de la Cancillería, sin que el próximo gobierno se haya involucrado. La preocupación de las organizaciones no es gratuita, pues “aunque la audiencia del EPU se va a dar todavía durante este sexenio, las recomendaciones se van a dar a conocer en los primeros días de diciembre, cuando ya haya asumido el próximo gobierno su mandato”. Valenzuela recordó que 2009 fue la primera ocasión en que México fue sometido al EPU, y le tocó al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa responder a las recomendaciones; la segunda ocasión fue en 2013, cuando “Enrique Peña Nieto tenía unos meses de asumir el cargo, y en su respuesta se comprometió a cumplir las observaciones, situación que como vimos no fue así”. Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red TDT, advirtió que el compromiso que las organizaciones piden del próximo gobierno de López Obrador no sólo es su palabra de que cumplirá con los compromisos internacionales, sino que las medidas de protección de derechos humanos estén consideradas en el presupuesto. Ante la “restricción presupuestaría que pretende imponer” el gobierno de López Obrador, Ríos Martínez destacó que es importante mantener con presupuesto suficiente “políticas de derechos humanos que medianamente han funcionado” como es el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, al que se le cerraron los recursos, y del que al momento depende la seguridad de 702 personas. El secretario ejecutivo de la Red TDT enlistó otras dependencias que “el nuevo gobierno está obligado a fortalecer y no a terminarlas o no a disminuirlas en su presupuesto y a hacerlas inoperante” como son: la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), el Instituto Nacional de Migración (INM) o la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), instituciones a las que no se les ha dotado de fondos suficientes para atender a la población vulnerable. “Son situaciones que el nuevo gobierno tiene que enfrentar de la mejor manera, y se tiene que enfrentar con presupuesto adecuado, a diferencia de la militarización que tiene cada vez mayor presupuesto”, resaltó. Durante la conferencia de prensa participaron también Stephanie Brewer del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Oscar Pineda del Proyecto de Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder, por sus siglas en inglés), Mariana Zaragoza del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, y Mario Hurtado de Propuesta Cívica. Los defensores recordaron que, en los dos informes del EPU, los estados que han participado han formulado 267 recomendaciones, cuya mayoría no han sido acatadas. En el informe presentado, en marzo pasado, al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la revisión de la situación de derechos humanos en México, las organizaciones pidieron a los estados integrantes que sean “más proactivos” para presionar a que el país asuma las observaciones, para lo cual, los activistas destacaron que entregaron copia del informe sombra a distintas sedes diplomáticas. También coincidieron en que los representantes de los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos encontrarán un país devastado por la impunidad y la macrocriminalidad, por lo que consideraron como necesaria la creación de un mecanismo internacional para combatir la impunidad y la corrupción.