MONTERREY, NL. (apro).- El “desplazamiento forzado” al que se vieron obligados cientos de miles de ciudadanos que abandonaron sus barrios, ciudades, estados e incluso el país debido a la violencia e inseguridad no se reconoció durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto “y por lo tanto no se visibilizó el problema”, aseguró Séverine Durin, autora del estudio “El Desplazamiento Forzado desde el Noreste de México”. Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), la doctora presentó un avance de su investigación la cual será publicada próximamente por su casa de estudios. La investigación, que duró más de un año, recoge decenas de testimonios de víctimas que fueron obligadas a dejar sus lugares de origen, empleo, etc., entre los años 2009-2014. El trabajo académico de la doctora Durin destaca que las cifras de desplazados en México suman aproximadamente 345 mil. Los estados con mayor número de desplazamientos forzados por la inseguridad y violencia fueron Chihuahua y Tamaulipas. El 58% de los ciudadanos entrevistados señalaron que la extorsión y los secuestros fueron los principales factores que los obligó a huir. Un 27 por ciento a la violencia armada en espacios públicos y a las amenazas contra periodistas, profesionistas y funcionarios públicos un 15 por ciento. Entre los diversos desplazamientos forzados que analiza la investigación de Ciesas, sobresale el “pequeño” éxodo de empresarios al exterior del país, principalmente a Texas. Así como los casos de los periodistas del noreste quienes tuvieron que abandonar ciudades como Monterrey, Torreón o Nuevo Laredo ante amenazas y “acoso” por parte del crimen organizado. Ejercen periodistas entre el acoso Proceso entrevistó a algunos de los periodistas que huyeron de sus ciudades quienes contaron sus historias. Destaca la de Beatriz (nombre ficticio para proteger su identidad), una reportera de una cadena de televisión de Monterrey. Beatriz contó que años atrás fue abordada por un colega del principal periódico local quien le reclamó por qué no les respondía a las llamadas que le hacían miembros del crimen organizado. “Contesta las llamadas, sólo quieren hablar contigo. Si no les respondes entonces sí se van a enojar”, le dijo. Su interlocutor fue uno de los tres enlaces que tenían en esa época el Cartel del Golfo y los Zetas para ordenar a los periodistas las notas deberían publicar y cuáles censurar. Esos tres “reporteros”, entre ellos el desaparecido Gamaliel López de TV Azteca, fueron los responsables de entregar a los grupos del crimen organizado los teléfonos móviles de los reporteros de la “fuente policiaca”. En esos años, 2009-2012, la mayoría de ellos usaba la marca Nextel y se comunicaban principalmente por la frecuencia de radio. Cuando Beatriz finalmente contestó las insistentes llamadas que se registraban en su Nextel como “Número Desconocido” su interlocutor comenzó a halagar su belleza y a “coquetear” con ella. La joven contó que logró eludir temporalmente los “piropos”, pero días después el capo que se enamoró de ella comenzó a rondar una intersección de calles del centro de Monterrey donde los reporteros policíacos hacían guardia para salir rápidamente en caso de un evento. El capo se presentó en diversas ocasiones en su lujosa camioneta escoltado por un convoy de vehículos con hombres armados que en esa época no escondían su pavoroso arsenal debido a que tenían comprados a los jefes de las corporaciones policiacas municipales y de la Secretaría de Seguridad estatal. El insólito acoso obligó a Beatriz a abandonar su trabajo y trasladarse a la Ciudad de México. Su abandono temporal del periodismo se sumaba a la de varios colegas de Monterrey que ya habían cambiado de oficio. Otros se mudaron de la ciudad y unos pocos huyeron a los Estados Unidos. Era la época en que todos los medios de la región estaban bajo fuego para que se sometieran a sus nuevos “jefes de información” quienes pretendían ordenar cuáles notas podrían publicar. Los ataques habían comenzado contra el diario El Mañana de Nuevo Laredo, en el año 2004, con disparos de grueso calibre y granadas contra sus instalaciones. No obstante, los mayores ataques los sufrió el periódico regional El Norte de la ciudad de Monterrey, empresa fundadora del diario Reforma de la Ciudad de México. El Norte sufrió ocho ataques con explosivos y disparos de rifles de asalto contra diversas oficinas en la zona metropolitana de Monterrey. Además, sus reporteros fueron amenazados y golpeados, por los que algunos se retiraron del periodismo. Otros solicitaron cambio de fuentes o se mudaron de ciudad. Al Norte le siguió El Siglo de Torreón con siete atentados a su edificio y “levantones” a sus trabajadores. La cadena Televisa Monterrey también sufrió dos ataques con granadas; uno el diario Vanguardia de Saltillo. Sin embargo, el más grave atentado fue contra el periódico Expreso de Ciudad Victoria con un “coche bomba” que cimbró su edificio. “Una de las repercusiones de esos ataques a los medios fue la autocensura”, subrayó la doctora Séverine Durin. Agregó que era una época en la que no existía el “Mecanismo de Protección” a periodistas de la Secretaría de Gobernación. Además, las corporaciones que seguridad pública que los deberían proteger de las agresiones estaban infiltradas por el crimen organizado. “La infiltración de los cárteles en las policías intensificó su sentimiento de vulnerabilidad e indefensión hasta el grado que los obligó a desplazarse”, enfatizó la investigadora de Ciesas. “Empresario regio, no huyas quédate a defender lo tuyo” La familia del empresario más reconocido que encabezó la huida a Texas fue la de los Junco de la Vega, dueños del periódico El Norte, quienes además de sufrir los ataques con granadas a las instalaciones del diario, recibieron amenazas personales, por parte de los Zetas. La huida de los empresarios regios a Texas, a la que se sumaron los de Tamaulipas y Coahuila, provocó que aumentara hasta un 300% la matrícula en escuelas para alumnos de nivel básico y medio superior. Casi en la misma proporción aumentó la demanda de propiedades y muchos de los negocios que cerraron en México se abrieron en los condados que integran el Valle del Río Grande y en la ciudad de San Antonio. En la zona metropolitana de Monterrey el éxodo fue tal que Lorenzo Zambrano, expresidente del Consejo de Administración de la trasnacional Cementos Mexicanos (Cemex), llamó cobardes a quienes abandonaron el rico y “seguro” municipio de San Pedro Garza García. “Regio quédate a defender lo que con tanto esfuerzo construyeron tus ancestros. Lucha, exige, actúa”, reprochó el empresario en su cuenta de Twitter. “Quienes se van de Monterrey son unos cobardes. Hay que luchar por lo que creemos. Tenemos que retomar nuestra gran ciudad”, redactó a finales del año 2010. “Ninguno pidió el asilo político y tuvieron que buscar cómo legalizar su estancia o bien retornaron a México. Sufrieron la interrupción brutal de sus proyectos de vida, pérdidas económicas, el desclasamiento, y quienes se fueron con visas de turismo viven con el temor a la deportación”, aseguró Séverine Durin. El crimen obliga a habitantes a abandonar San Fernando y Ciudad Mier en Tamaulipas En el caso de los desplazamientos masivos en Tamaulipas, el estudio de Ciesas destaca el ocurrido en San Fernando, al cual se le puede sumar el de Ciudad Mier, un pueblo mágico de unos 7 mil habitantes y que perdió tres cuartas partes de su población debido a los constantes enfrentamientos en la “Frontera Chica” entre los Zetas y el Cartel del Golfo a finales del año 2010. En el caso de San Fernando, que en esa época registraba uno 65 mil habitantes, la violencia e inseguridad provocó que alrededor del 10% de sus ciudadanos abandonaran el pueblo. Los productores agropecuarios y comerciantes con recursos fueron desplazados hacia Texas, señala el estudio de la doctora Durin. Los campesinos y trabajadores tuvieron que huir hacia ciudades de la región como Reynosa, Ciudad Mante, Tampico etc., añadió. “Además, cesaron las visitas de los familiares instalados en los Estados Unidos”, subrayó la investigadora de Ciesas. Las consecuencias del desplazamiento para la economía local fueron la caída drástica de la actividad agrícola y comercial que generaron desempleo. “Despoblamiento forzado se estima en 16 mil las personas que se fueron en 2011. Así San Fernando pasó de ser una localidad próspera “a un pueblo estigmatizado y en agonía”. La autoridad minimiza y oculta casos de desplazamiento forzado La investigación de la doctora Séverine Durin concluye que el desplazamiento forzado que sufrieron miles de personas fue minimizado y ocultado por las autoridades del ámbito público. Como consecuencia, actualmente sigue casi invisible el daño moral que sufrieron los desplazados y en ciertos casos estigmatizados por las autoridades que les atribuyen que si huyeron fue porque “en algo andaban”. Además, los desplazamientos mermaron a las economías, más en las localidades rurales. Los atentados a medios y la huida de periodistas también “mermó la democracia, por el control de la información (censura) y la desconfianza hacia las autoridades”. Séverine Durin concluye que el desplazamiento forzado no fue un problema individual, sino un hecho social derivado de una crisis de seguridad pública. Destacó que aún se desconoce la dimensión del problema a nivel nacional. Para remediar la desinformación sobre los desplazamientos propone que en el próximo censo nacional el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) incluya una serie de preguntas a la población sobre si cambiaron de residencia, estado o empleo producto de la violencia e inseguridad que registra la República Mexicana.