CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Estado Mexicano, en cada una de sus esferas y estratos, ha gestado hacia las víctimas de desaparición y hacia los familiares “una enorme cuenta que sigue sin ser pagada, debido a los terribles lastres con los que aún nos enfrentamos en el diario proceso de exigir memoria, verdad y justicia”. Así lo señaló el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MPNDM), en una carta pública en la que pidió al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el efectivo e inmediato funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda y el fortalecimiento de las Fiscalías y Comisiones encargadas de atender la desaparición de personas en el país. “No olvidemos que esta deuda se tiene pendiente desde la mal llamada guerra sucia, pasando por la guerra contra el narcotráfico hasta el día de hoy”, subrayó el Movimiento integrado por más de 50 colectivos de familiares de personas desaparecidas, provenientes de 18 entidades federativas de México y por tres países de Centroamérica. Tras reconocer la disposición de la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, y del próximo subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para trazar conjuntamente una ruta de trabajo y liderar desde la federación la implementación de la Ley en la materia, los colectivos confiaron en el “pleno compromiso y respaldo” de López Obrador “para que esta ruta de trabajo se fortalezca y continúe avanzando y rinda los resultados que tanto anhelamos”. De igual manera, subrayaron como primera necesidad la búsqueda, “pero también son imprescindibles la verdad y la justicia, caminando de forma paralela y siempre con el consenso de las víctimas”. También reiteraron su deseo de materializar “el compromiso que usted (presidente electo) realizó durante la campaña, de sostener un encuentro con el MPNDM y que esto marque un proceso de diálogo y trabajo conjunto para la construcción de confianza y de propuestas con plena participación nuestra”. El Movimiento reconoció “el voto simbólico” que López Obrador dio el día de la elección a Rosario Ibarra, “una mujer que, igual que nosotras, enfrenta la desgracia de la desaparición, y en ese gesto leemos su compromiso con atender las desapariciones en México”, apuntó. De nuevo, subrayó, México asiste a la adopción de una buena Ley donde la inercia de un Estado indolente la convierte en promesa incumplida, “algo que con usted y su equipo pueden cambiar”. Añadió: “Estamos aquí y seguiremos estando en los espacios que se abran para las víctimas de este país, exigiendo nuestros derechos”. Los integrantes del MPNDM destacaron su dolor permanente, “que nació en el mismo instante en que nos arrebataron la presencia de nuestras hijas e hijos, nos impulsó a gritarle al Sistema que nos había fallado, y en todos estos años hemos sido una y otra vez víctimas de unas autoridades que se mueven entre la negación, el olvido y la complicidad, acompañada por indolencia, ineptitud y corrupción. “Somos todas y todos, hijos e hijas de un país devastado y lacerado; un país poblado por cientos de miles de víctimas de la violencia; un país que clama por verdad, justicia y paz. Nosotras y nosotros, desde nuestra lucha y desde nuestros lugares de origen, ya hemos empezado esa construcción a través de la búsqueda de nuestros seres queridos y no vamos a claudicar”. Destacaron que, si bien como movimiento han alcanzado grandes logros, están conscientes que aún hay muchos lastres que superar y muchos desafíos hacia adelante. Y recalcaron que a esta fecha los avances en la implementación de la ley son prácticamente nulos, dado que, pese a la creación de la Fiscalía Especializada a nivel federal y la Comisión Nacional de Búsqueda, éstas no cuentan con recursos humanos y materiales suficientes para funcionar efectivamente. Tampoco se ha instalado el Sistema Nacional de Búsqueda; no contamos con el presupuesto adecuado para que la Ley en su conjunto se implemente; no existe una coordinación entre las instituciones responsables de buscar e investigar, y aún no se han elaborado los diferentes protocolos y programas nacionales mandados por la ley, ni los registros correspondientes. Además, en los estados no se han conformado la gran mayoría de las comisiones locales de búsqueda ni las fiscalías especializadas que contempla la ley y, más aún, el gobierno actual “no cumplió con su compromiso de garantizar nuestra participación de manera plena y adecuada en las acciones de implementación de la Ley General. Por el contrario, hemos visto con preocupación que la estrategia es la dilación, la obstaculización y la simulación constante. Esperemos que esto no se repita con su gobierno, y por eso reiteramos, ¡sin las familias no!”. Puntualizaron que, como lo han demostrado desde hace años, “las familias de desaparecidos estamos dispuestos a continuar con este proceso de diálogo y trabajo conjunto, que ya hemos iniciado, que nos lleven a abrazar a nuestros seres queridos, y a que no exista la repetición de este crimen de lesa humanidad. Porque la lucha por un hijo no termina y una madre nunca olvida”. Finalmente, exigieron contar con el liderazgo de la federación para la efectiva implementación de la Ley General sobre Desaparición Forzada y por Particulares, a través de la Secretaría de Gobernación, a fin de desarrollar en un proceso participativo con familiares y organizaciones un plan integral de implementación que garantice la creación de las instancias, normatividad, políticas, programas y coordinación interinstitucional necesarios a nivel nacional y local. Asegurar presupuesto amplio y suficiente para la implementación de la ley, en particular para consolidar las instituciones responsables de la investigación, la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas: Comisión Nacional y comisiones locales de búsqueda, así como fiscalías especializadas. Este presupuesto debe orientarse a obtener resultados, ser ejercido responsablemente y con rendición de cuentas. Garantizar la participación sustantiva de las y los familiares en las diversas políticas, mecanismos y acciones relacionadas con la desaparición de personas; y en general los procesos de memoria, verdad, justicia y reparación relacionados con este atroz delito. Y cumplir los compromisos internacionales de México en materia de desapariciones forzadas, especialmente aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU para recibir comunicaciones individuales, así como la visita al país del Comité, solicitada desde el año 2013. Y trabajar con el Comité Internacional de la Cruz roja y la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. “Sólo así obtendremos el resultado esencial que esperamos: encontrarlos (a sus desaparecidos) y poner fin a la impunidad, evitando que ninguna otra persona enfrente el suplicio que nos ha acompañado tantos años”, remataron.