CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un año de los sismos del 7 y 19 de septiembre, el responsable de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, alentó a las autoridades de todos los niveles a atender las denuncias de damnificados y de organizaciones sobre “la reconstrucción, el impacto de corrupción urbanística, el posible desvío de ayudas y el impacto psicosocial”, para enfrentar próximas situaciones de emergencia en el país. En un comunicado en el que la ONU-DH reconoció la solidaridad ciudadana manifestada durante los terremotos del año pasado, recordó que los daños “aún no están superados y que un número considerable de familias sigue en situaciones difícil”. Por ello, llamó a autoridades vigentes y a las que tomarán posesión el próximo 1 de diciembre a “redoblar esfuerzos para garantizar la protección de los derechos de todas y todos los afectados”. La ONU-DH recordó que durante la contingencia “documentó el proceso de atención a distintas poblaciones en la ciudad de Puebla, y en los estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, lo que permitió identificar varias lecciones aprendidas y necesidades pendientes”. Al hacer un balance, la oficina de la ONU consideró que lo ocurrido hace un año mostró “la necesidad de fortalecer la dimensión de los derechos humanos en la respuesta a los desastres, sobre todo en términos de protección a las víctimas e información a las personas directamente afectadas, familiares y público en general”. En su mensaje, Jan Jarab recomendó atender las emergencias con perspectiva de género, tomando como referencia los riesgos a que se enfrentaron mujeres y niñas en albergues, en tanto que, en el caso de trabajadoras domésticas, su localización se complicó debido a “su estatus de informalidad laboral”. Además, puntualizó que “las autoridades tienen la obligación de garantizar los servicios de salud, educación, agua y otros derechos económicos, sociales y culturales a las personas afectadas por los sismos y otros riesgos naturales”. En cuanto a la fase de reconstrucción, al ONU-DH urgió a realizar censos completos y a transparentar el uso de recursos, así como “la atención a necesidades e impactos de corto, mediano y largo plazo”. Pide no discriminar ni condicionar ayuda Jan Jarab alertó a las autoridades para evitar la discriminación en la atención a los damnificados, así como que ésta “no puede ser condicionada por la afiliación política, apoyo electoral o consentimiento ante ciertos proyectos”. En este proceso de reconstrucción, dijo, “el sector empresarial puede tener un rol complementario fundamental en el apoyo después de los desastres, pero las autoridades no pueden transferir sus obligaciones a los entes privados”. Para el representante de la ONU-DH es indispensable tomar en cuenta en la aplicación de políticas públicas y programas de reconstrucción a las personas beneficiarias, “quienes deben estar involucradas en su diseño, implementación y evaluación”. Tomar en cuenta a los beneficiarios, agregó, permitirá “reducir el riesgo de ineficacia, discriminación o corrupción en estos procesos”, participación que debe ser facilitada por las autoridades “por medio de información transparente, espacios de diálogo y el seguimiento a los compromisos adquiridos con las personas afectadas”. Jarab reconoció que los sismos de septiembre de 2017 impactaron sobre algunas de las poblaciones de mayor vulnerabilidad y marginalidad del país, por lo que los esfuerzos de la reconstrucción “no deben perpetuar la discriminación, la exclusión y la marginación”. Por el contrario, “debe garantizarse que la reconstrucción sirva para superar las condiciones pre-existentes y contribuya al pleno disfrute de derechos”, de manera particular a la población indígena afectada para quienes la oferta de vivienda debe ser culturalmente adecuada, apuntó Jarab. El representante de la ONU-DH recomendó tomar en cuenta el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, toda vez que México es un país con numerosos riesgos naturales y que debe tener entre sus acciones de reconstrucción, medidas de reducción de riesgo, “incluyendo la capacitación y formación de personal especializado y de la población en general”. Tras reconocer a la población que voluntariamente se volcó en ayudar a damnificados de los sismos del 7 y el 19 de septiembre, Jan Jarab destacó que igual de valioso fue el trabajo de organizaciones de la sociedad civil que se dedicaron a documentar las deficiencias y el monitoreo del proceso de reconstrucción. “Es necesario que las autoridades en todos los niveles retomen efectivamente las denuncias y lecciones aprendidas señaladas por las personas afectadas y por las organizaciones”, dijo el representante. Por último, agregó que, “evaluar la reconstrucción, el impacto de la corrupción urbanística, el posible desvío de ayudas y el impacto psicosocial de los sismos, suponen un gran capital para el diseño de las acciones públicas que contribuyan a una sociedad más resiliente”.