Incansables en su búsqueda, los padres de 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos hace cuatro años muestran su indignación por la falta de resultados, pero sobre todo les duele la necedad de la administración de Enrique Peña Nieto montada en su “verdad histórica”... Con todo, no desfallecen. “Seguiremos presionando hasta que los muchachos aparezcan, dicen a Proceso. Con respecto a Andrés Manuel López Obrador, sentencian: “El cheque en blanco no está firmado. La confianza se va a ir dando según se vayan dando las cosas”. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desesperación, coraje, impotencia y un dolor que no cesa son algunos de los sentimientos que atormentan a padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en el cuarto año de su búsqueda incansable por conocer la verdad sobre lo ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Avivados por el empecinamiento inalterable de Enrique Peña Nieto de sostener su “verdad histórica” y utilizar la fuerza del Estado para combatir una sentencia que ordena rehacer la investigación, esos sentimientos se ven también acompañados por la esperanza de que la administración de Andrés Manuel López Obrador cumpla su promesa de crear una comisión para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa. “Esperanza sí, cheque en blanco no”, dicen en entrevista con Proceso padres y madres de los jóvenes desaparecidos que el miércoles 26 se reunirán con el presidente electo en el Museo de Memoria y Tolerancia. Estanislao Mendoza, padre de Miguel Ángel Mendoza; Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, y los padres de César Manuel González, Mario César González e Hilda Hernández, fueron abordados por la reportera el miércoles 19, horas antes que se integraran a una marcha de los damnificados por el sismo del año pasado. La movilización y la solidaridad con organizaciones civiles y otros colectivos de víctimas de la “guerra contra el narcotráfico” han sido para los padres y madres de los 43 estudiantes mecanismos para mantener viva su exigencia de conocer la verdad sobre el destino de sus hijos. “Hay esperanza que debe ser corroborada con actos concretos de justicia”, dice Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) a la reportera. El cuarto aniversario de la desaparición forzada ocurre en momentos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se apresta a debatir sobre la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), como lo ordenó y ratificó el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Reynosa el jueves 20, al rechazar la posición de la Procuraduría General de la República (PGR) de la “imposibilidad material y jurídica” para operarla. Una vez emitida la sentencia el 30 de mayo, el gobierno de Peña Nieto interpuso alrededor de 200 recursos a través de una decena de dependencias. A su vez, militares, marinos y policías federales que presentes la noche trágica o que detuvieron a presuntos involucrados en las agresiones –los cuales denunciaron torturas– hicieron lo propio (Proceso 2181 y 2182). A la inusitada embestida, Peña Nieto remató con un espot, en el contexto de su último informe de gobierno, en el que insistió en la “versión histórica”, lo que “vino a confirmar eso que de alguna manera siempre supimos pero que se trataba de disimular diciendo que la investigación aún estaba abierta y que había apertura para seguir las recomendaciones internacionales”, destaca Aguirre Espinosa. (Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2186, ya en circulación)