CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la firma del llamado Acuerdo de Escazú, el Estado mexicano, principal agresor de los defensores del medio ambiente en el país, se comprometió ayer a garantizar la justicia en materia ambiental, a proteger a los activistas y a tomar medidas apropiadas “para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones” contra ellos. Tan solo entre julio de 2016 y diciembre de 2017 fueron asesinados 29 defensores ambientales en México y se perpetraron 88 agresiones contra 240 activistas, 10 organizaciones y 30 comunidades campesinas e indígenas, según informó en marzo pasado el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). De acuerdo con un reporte de dicha organización, en la mayoría de las agresiones los victimarios fueron agentes del Estado –en sus tres niveles--, quienes agredieron a personas que se oponían a la implantación de los llamados proyectos de desarrollo en sus territorios, principalmente en el Estado de México, Oaxaca, Puebla, Chiapas y Sonora. El Acuerdo de Escazú, propiciado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), fue calificado hoy de “trascendental” por la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONUDH), pues se trata del “primer tratado internacional del mundo que reconoce a las personas defensoras de derechos humanos y genera obligaciones específicas para los países firmantes para proteger a quienes enfrentan riesgos por luchar por la preservación del medio ambiente”. El organismo internacional abundó en que “el reconocimiento de la labor de las personas defensoras y su protección resulta especialmente importante en una región marcada por las agresiones en contra de las personas defensoras ambientales”. América Latina es la región más peligrosa del mundo para la defensa del ambiente: el año pasado, por lo menos 116 activistas ambientales fueron asesinados “por enfrentar a gobiernos y empresas que robaron sus tierras y dañaron al medio ambiente, y por denunciar las prácticas corruptas e injustas que lo permitieron”, de acuerdo con la organización Global Witness. El CEMDA reportó que, en México, los proyectos que originaron las agresiones estaban principalmente relacionados con la minería, los proyectos de infraestructura, la industria hidroeléctrica y la energética, los desarrollos inmobiliarios, la siembra de transgénicos o la tala clandestina de bosques. Candados El Acuerdo de Escazú obliga los Estados a generar, transparentar y difundir de manera “proactiva” la información ambiental y a garantizar a los pueblos indígenas el acceso a la misma en su idioma. Sin embargo, emite ciertos candados a la liberación de información, como el ambiguo concepto de que la divulgación “afecte negativamente la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”, o “genere un riesgo claro, probable y específico de un daño significativo a la ejecución de la ley, o a la prevención, investigación y persecución de delitos”. “Desde un enfoque basado en los derechos, se reconocen principios democráticos fundamentales y se procura abordar uno de los desafíos más importantes de la región: el flagelo de la desigualdad y una cultura del privilegio profundamente arraigada”, plantea el preámbulo del texto, que se gestó durante seis años en la región más desigual del mundo en materia de ingreso per cápita. En América Latina, 10% de la población más rica acapara 71% de las riquezas, mientras que 1% de las fincas más grandes tiene más tierras que el 99% restante. Más: Tres de los 10 personajes más ricos del subcontinente amasaron su fortuna con base en la minería, una industria que favorecieron las concesiones y rebajas fiscales otorgadas de los Estados, documentó Oxfam en julio de 2016. Para enero de 2017, Michel Forst, el entonces relator de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, aseveró en su informe sobre México que los defensores más criminalizados en el país son aquellos que protegen los derechos de los pueblos indígenas y los derechos a la tierra, agua y ambiente seguro. “Esto ocurre en el contexto de megaproyectos de extracción, energía e infraestructura. En ocasiones, los defensores me dijeron que las evaluaciones de impacto ambiental no estaban disponibles para las comunidades afectadas”, aseveró. Y añadió: “Me preocupa que el número de conflictos relacionados con la protección de los derechos sobre la tierra y el medio ambiente siga creciendo, en tanto que la cuestión del modelo de desarrollo y su sustentabilidad no es atendida y ampliamente acordada con las comunidades afectadas por estos proyectos”. Para que el Acuerdo entre en vigor falta que el Senado de la República lo ratifique. La ONUDH ya ofreció al gobierno mexicano su “asistencia técnica” para garantizar su “plena implementación”.