PUEBLA, Pue. (apro).- Las bancadas de Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) presentaron en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) que investigue al gobierno de Antonio Gali Fayad por su presunta intromisión en los pasados comicios locales a favor de Martha Erika Alonso, actual gobernadora electa. Además, la fracción mayoritaria se pronunció porque se restablezca el orden democrático en esta entidad y que las autoridades electorales competentes “reparen la vulneración a la voluntad ciudadana” cometida en la elección de gobernador. Presentado por el diputado federal Saúl Huerta Corona, el punto de acuerdo destaca que los comicios del 1 de julio en Puebla se caracterizaron por la intromisión del gobierno local, violencia generalizada el día de la jornada electoral y, además, la ilegal manipulación de la paquetería electoral. “El día de la jornada electoral, desde el poder público local se desplegó una ilegal operación para atropellar la voluntad popular cuando notaron que la expresión de ésta no favorecía a la candidata de la coalición partidista en el gobierno”, se lee en el escrito presentado en la sesión de este martes. “Torcer la voluntad ciudadana expresada en las urnas es la violación más grave que se puede cometer en contra de la democracia y de la sociedad. Este atentado fue cometido en contra de los poblanos por el gobierno de Antonio Gali Fayad”. De igual manera, sostiene que el gobierno local incurrió en reparto masivo de dádivas, condicionamiento de programas sociales, difusión masiva de campañas negras o de odio, destrucción u obstaculización de propaganda electoral, e incluso hubo actos violentos y homicidios, todo para condicionar el voto o afectar la equidad en la contienda. “La culminación de este comportamiento antidemocrático para usurpar la voluntad popular se dio el día de la jornada electoral del primero de julio, donde vimos balaceras en varias casillas, robo de urnas y boletas, a grado tal que una camioneta propiedad de la Secretaría de Finanzas de Puebla volcó en su huida, repleta de boletas robadas”, relataron los diputados en el punto de acuerdo. El uso de este vehículo, agregaron, es prueba de que el gobierno estatal utilizó sus recursos para “hurtar” la elección a gobernador y favorecer a la candidata de su partido. El escrito hace referencia al retiro de espectaculares del excandidato a gobernador de Morena, Luis Miguel Barbosa; el reparto de zapatos (con el logotipo gubernamental) entre el alumnado de educación básica; y la promoción de la imagen de la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle. “Toda esta canallada política puede resumirse en una constante: Se implementó una elección de Estado para poner recursos públicos e institucionales del gobierno local a favor de la candidata Martha Erika Alonso de Moreno Valle”. Los legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia refirieron que tanto el INE como el Tribunal Electoral de Puebla han mostrado un “servilismo indignante” hacia el gobierno local y hacia la candidata Alonso, ya que sus integrantes fueron funcionarios y empleados durante el gobierno de Moreno Valle. “Nosotros mantenemos la exigencia de que tales instituciones reparen el atentado que se cometió en contra de la voluntad ciudadana de los poblanos. De seguir solapando el atropello a la misma, los titulares de esos órganos deberán asumir las responsabilidades que correspondan por su ilegal comportamiento”. En ese contexto, señalaron que Puebla es la expresión clara de una crisis social y política causada por la corrupción del grupo que ha mantenido el control del gobierno en los últimos ocho años. Indicaron que esta crisis se refleja en delitos al alza, impunidad, incapacidad para atender los reclamos de la población, conflicto poselectoral, entre otras expresiones de la “ingobernabilidad por la que atraviesa actualmente ese estado”. Por ello propusieron que la Cámara de Diputados condene los actos de intromisión en que supuestamente incurrió el gobernador Gali Fayad, así como pedir al INE que abra una investigación contra su administración por cometer actos que vulneraron la certeza, legalidad, independencia y parcialidad del proceso electoral. También demandaron un “enérgico” llamado al Instituto Estatal Electoral de Puebla y al Tribunal Electoral del Estado para que se abstengan de emitir actos y resoluciones que contravengan los principios rectores en materia electoral. Linchamientos Por otra parte, la fracción del PRI propuso exhortar a la Fiscalía General de Puebla para que dé celeridad a las investigaciones por el homicidio y linchamiento de dos personas en el municipio de Acatlán de Osorio, el pasado 29 de agosto. Asimismo, se pronunció porque el gobierno de Puebla fortalezca la coordinación con los municipios, a efecto de prevenir este tipo de incidentes donde las dos personas, detenidas por infracciones administrativas, fueron acusadas por los pobladores de intentar robar a dos niños. “Es importante destacar que durante estos acontecimientos no se cumplieron los protocolos de actuación como el de ‘búsqueda de soluciones pacíficas’, las autoridades municipales no establecieron canales efectivos de diálogo y tampoco informaron de los hechos para un rápido auxilio a la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública estatal”, señala el punto de acuerdo. Agrega que los linchamientos en Puebla y la incapacidad institucional para prevenirlos por parte de las autoridades estatales son constantes. De igual manera, apunta que sólo en lo que va de este año, en Puebla se han dado 146 intentos de linchamiento y 15 personas han perdido la vida por estas causas, entre ellas cuatro en Yehualtepec y tres en Miravalles; asimismo, han golpeado y quemado a diversos individuos en la junta auxiliar de San Gabriel Ometoxtla, en El Sabinal y en la localidad de San Miguel Canoa, en esta capital. “…es fundamental que la Fiscalía General del Estado de Puebla realice las investigaciones correspondientes con objetividad, transparencia y efectividad, a fin de deslindar responsabilidades, establecer sanciones a los responsables y prevenir hechos de estas características, así como asegurar el acceso a la justicia”, puntualizaron los diputados del tricolor.