CHILPANCINGO, Gro. (apro).- “El gobierno nos dejó solos desde hace un año”, expresaron habitantes del poblado La Laguna, perteneciente al municipio Eduardo Neri, luego que más de 100 civiles armados irrumpieron esta mañana y atacaron la base de la Policía Rural Estatal (PRE), con saldo de un oficial muerto y otros cinco heridos. Según habitantes de la pequeña comunidad enclavada en las montañas del sur, a 29 kilómetros del crucero de Casa Verde --entre los poblados de Xochipala y El Mirabal--, a las 7:00 horas simplemente “llovió plomo”, y reprocharon el vacío de autoridad en la Sierra. A primera hora de este miércoles, el grupo armado, presuntamente dirigido por Onésimo Marquina Chapa, El Necho de Tlacotepec, atacó por segunda ocasión la base de la PRE en La Laguna, donde al menos 12 elementos que estaban de guardia repelieron la agresión. El grupo de El Necho, quien también domina la zona minera de Carrizalillo, mantiene una confrontación desde el año pasado con el cártel del Sur, encabezado por Isaac Navarrete Celis, El Señor de la I --afincado en Chichihualco, Zumpango y Chilpancingo--, por el control de las zonas de producción de amapola y trasiego de heroína, de acuerdo con reportes estatales. La primera ocasión que la misma banda de El Necho enfocó su ira contra la corporación policíaca fue el 3 de marzo de este mismo año. No obstante, en aquella ocasión la embestida no fue tan grave y prolongada como ahora, señaló un policía entrevistado en el lugar, quien pidió el anonimato. Esta vez, un centenar de sicarios atacaron por tres frentes la base policíaca, cuya fachada quedó prácticamente destrozada, narraron testigos y sobrevivientes. [caption id="attachment_549817" align="aligncenter" width="1280"] Rafagueo a policías. Foto: Especial[/caption] De manera paralela, otro grupo armado interceptó cinco autos particulares y una unidad de trasporte público a la altura del poblado de Xochipala, donde obligaron a los civiles a bajar. Inmediatamente después incendiaron los vehículos sobre la carretera, con el propósito de evitar que llegara apoyo mientras el enfrentamiento se realizaba en La Laguna. Los testimonios indican que la mayoría de civiles que viajaban en la unidad de transporte público era personal docente y que los agresores únicamente se llevaron al conductor. [caption id="attachment_549718" align="alignnone" width="702"] Los vehículos presuntamente incendiados por un grupo armado sobre la carretera que conecta el cruce de Casa Verde con el poblado Xochipala. Foto: Especial[/caption] Durante el día, las actividades cotidianas en La Laguna se interrumpieron por la violencia, y los pobladores permanecieron encerrados en sus casas. Trascendió que la circulación sobre la carretera Xochipala-Filo de Caballos fue interrumpida porque los enfrentamientos armados se prolongaron a los poblados de Los Morros, Carrizal de Bravo y Filo de Caballos, donde el sistema de energía eléctrica fue interrumpido. Hasta el momento se desconoce la situación que se vive en la zona. El gobierno estatal emitió un comunicado, únicamente para señalar que el grupo armado que atacó a los policías estatales también se robó armas oficiales. “Los agresores se llevaron un arma de fuego marca Barrington, tipo DSA, calibre 7.62, matrícula DSA24580 y un arma corta Px4, 9mm, matrícula PX07491, que portaba el coordinador de la PRE que fue ejecutado, se trata de un agente Acreditable de la unidad básica de Operaciones”, indica el documento. La base de la PRE, en el poblado de La Laguna, fue conformada en 2013 por un grupo de comisarios de los municipios Eduardo Neri, Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo, y reconocida por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, quien les proporcionó armas, equipo y patrullas oficiales. El año pasado, la confrontación entre bandas delincuenciales en esa franja de la entidad se agudizó, detonando el desplazamiento masivo de personas, así como un número indeterminado de homicidios y personas desaparecidas. La violencia en la Sierra y la región Centro de la entidad también ha provocado la suspensión de clases. Y es que, en esta franja controlada por la delincuencia, los docentes, médicos y transportistas se niegan a prestar servicios ante la falta de garantías de seguridad.