CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Esta semana, la Fiscalía General de la República (FGR) iniciará con la investigación sobre la participación del personal de los tres niveles de gobierno que tuvieron relación con la explosión de la toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo, como la Sedena, la Policía Federal Preventiva, Pemex, municipales y a autoridades locales, como a los miembros de la procuraduría y al mismo procurador del estado de Hidalgo. En la que es su primera conferencia de prensa como fiscal general, Alejandro Gertz Manero precisó que se investiga posible negligencia tanto de quienes no cerraron el ducto por parte de Pemex, así como de las fuerzas federales que no acordonaron el lugar. Señaló que la cronología de los hechos debe de quedar clara, por lo que llamarán a todas las autoridades que intervinieron para que declaren en la investigación y conocer con exactitud qué fue lo que sucedió. Luis Carranza, encargado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), indicó que colabora con la subprocuraduría de control regional, para obtener datos que puedan vincular estos hechos a alguna estructura criminal y algún miembro de la delincuencia organizada. También, ver si motu proprio las personas que se encontraban en el lugar de los hechos en el momento de la explosión actuaron de manera individual. Indicó que el fin de semana se realizaron diversas investigaciones, como exámenes periciales en distintas materias. Las pruebas periciales que se llevan a cabo tienen que ver con fotografía forense, criminalística de campo, incendios y explosivos, ingeniería y arquitectura y delitos ambientales. También se ha colaborado en las actividades desarrolladas por la policía del estado de Hidalgo, para realizar todas las acciones que permitan apoyar en la localización de las personas que aún no han sido localizadas por sus familiares. El pasado domingo se realizó una actividad mucho más específica por parte de la PFM para localizar a quienes pudieran tener la calidad de testigo. Se está ubicando a toda persona que, dentro del ámbito municipal, estatal y federal, pudiera dar alguna información para identificar a quienes originalmente realizaron la perforación en el ducto. En ese contexto, ya se tienen 12 entrevistas realizadas por la PFM junto con diversas inspecciones que se han venido desarrollando. El resto del equipo de la FGR, indicó la labor que realizan en este caso: Luis Carranza, encargado de la SEIDO, colabora con la Subprocuraduría de Control Regional para obtener datos que puedan vincular estos hechos a alguna estructura criminal y algún miembro de la delincuencia organizada; o bien, determinar si motu proprio las personas que se encontraban en el lugar de los hechos actuaron de manera individual. Adriana Campos López, visitadora general de la FGR, vigila la actuación de cada una de las instancias con la finalidad de que se conduzcan conforme a derecho. Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos y Prevención del Delito y Servicio a la Comunidad, aseguró que su área velará por que las actuaciones del MPF, los peritos y la policía, se lleven a cabo con respeto a los derechos humanos de las víctimas. Vidal Díaz Ochoa, titular de la PFM, señaló que el personal  de la AIC atiende al Ministerio Público de la Federación, que lleva la investigación del caso. Aunque no quiso ser específico, Gertz señaló que pidió al AMP que todos los elementos que tienen para investigar crimen organizado se vinculen con este caso. Se negó a dar a conocer los nombres de los tres altos mandos de Pemex que se están investigando por estar involucrados en el robo de hidrocarburo a Pemex. Y en relación con los cuerpos calcinados, señaló que desconoce si conservan algún rastro de ADN para poder ser identificados, por lo que aseguró que peritos de todas las materias están trabajando en el caso. Acerca de si los familiares que traspasaron la zona acordonada para escarbar en busca de sus familiares han alterado la zona del crimen, como violación a los protocolos de recolección de evidencia y de guardia y custodia, explicó que ese tema le corresponde al gobierno del estado de Hidalgo. En torno a por qué no se está investigando el robo de combustible en el estado de Puebla, a pesar de que, de acuerdo con Pemex, este es el estado con mayor índice de robo, indicó que se debe a que no existe una denuncia. En lo que se refiere a los avances de la caída del helicóptero que el pasado 24 de diciembre provocó la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el legislador Rafael Moreno Valle, aseguró que todas las diligencias se llevan a cabo en coordinación con diferentes instancias del gobierno de Puebla, así como de la Dirección de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Además, dijo que se está en espera de que lleguen los dictámenes de las autoridades del gobierno de Canadá.