CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Enrique Guerrero Aviña, dirigente del colectivo Liquidámbar, urgió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador “la creación de una comisión única, exclusiva e investigadora para todos los casos de presos políticos” a fin de que sean liberados. En conferencia de prensa, tras ser liberado el 28 de diciembre, de cargos de secuestro y delincuencia organizada por los que estuvo en prisión preventiva durante cinco años y siete meses, el estudiante de Filosofía y Letras de la UNAM, demandó la intervención inmediata de la Secretaría de Gobernación (Segob) para atender la problemática, así como “una reparación integral del daño “a todos los presos políticos y en especial medidas reales y efectivas de no repetición”. El activista social que fue considerado como “preso de conciencia” por Amnistía Internacional  y su caso documentado por relator especial sobre Tortura, Juan Méndez, así como por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, ambos de Naciones Unidas, acusó al Poder Judicial de haber convalidado los abusos cometidos en su contra, así como las acusaciones sin fundamento que se le formularon a él y a otros 11 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca, con la intención de afectar el movimiento magisterial contra la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto. Los 12 procesados fueron acusados en 2013 de secuestrar a dos sobrinos del entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, y puestos en libertad el 28 de diciembre, luego de que la todavía Procuraduría General de la República (PGR) se desistió de los cargos. En la conferencia de prensa estuvo presente el dirigente de la Sección 22 de la CNTE, Eloy López Hernández, quien sostuvo que la organización sindical defiende “5 mil 700 presos por la lucha social”, cifra en la que estarían incluidos no sólo docentes sino defensores de distintas causas en el país a los que “se les han fabricado cargos” como medida represiva. El responsable de la Oficina de la Alta Comisionada en México de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, demandó investigaciones y sanciones a los funcionarios responsables de “las violaciones a derechos humanos ocurridas en todo el proceso de criminalización de Enrique; la tortura y la fabricación de delitos no deberían quedarse en la impunidad”. Al señalar que el caso de Guerrero Aviña forma parte de una serie de casos de fabricación de delitos y tortura en los que la ONU-DH ha dado acompañamiento, Jarab alentó a autoridades federales y estatales a recurrir a la figura del “desistimiento” en procesos penales “donde sí nos queda claro que fueron delitos fabricados para la  persecución de activistas sociales, que no deberían ser objeto de persecución, (las autoridades) se deberían desistir a nivel nacional o estatal”, tal como ocurrió en el caso del dirigente de Liquidámbar. Jarab consideró que el caso del defensor que estuvo preso injustamente, es una prueba más de la inoperancia de la figura de “prisión preventiva oficiosa”, por lo que solicitó al Congreso de la Unión no ampliar el catálogo de delitos que ameritan dicha medida cautelar, porque es “una medida muy problemática”. Carolina Jiménez de Amnistía Internacional, resaltó que la detención de Guerrero Aviña es un reflejo de la persistencia de las detenciones arbitrarias en México que pueden derivar en otras violaciones a derechos humanos como la tortura e incluso ejecuciones extrajudiciales. Resaltó las serias resistencias del Estado mexicano para acatar recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos de crear un sistema nacional de registro de personas detenidas, que hasta ahora no se ha creado “a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se lo ha exigido, así como ONU-DH no se ha podido avanzar. Agregó que la relevancia de tema no sólo radica a “nivel estadístico, sino que es de suma importancia cuando se toma en cuenta que es punto de partida para otros abusos, es un gran vacío sobre todo considerando el gran número de desapariciones muchas de ellas forzadas”. Javier Enríquez Sam, del Comité Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), señaló que el caso de Guerrero Aviña “evidencia la confabulación de los policías federales, de la Ciudad de México, con los jueces y las comisiones de derechos humanos, que poco hicieron por documentar los abusos”. El defensor destacó que el caso también ejemplifica cómo en México para las víctimas “demostrar la tortura, es un problema serio, y más aún cuando se usa como una herramienta del poder para frenar a líderes sociales, lo cual es muy común”. Al sumarse a la petición de sancionar a los autores materiales e intelectuales de los abusos sufridos por Guerrero Aviña, Enríquez Sam urgió al gobierno de López Obrador a acatar la Ley General contra la Tortura, aprobada en 2017, para que el delito sea severamente sancionado, porque “mientras siga la impunidad, el país va a seguir registrando casos de tortura, y lo que se debe buscar es su abolición, justicia en los casos demostrados y medidas efectivas de no repetición”.