Impunidad en México cuesta 422 mil 390 mdp al año, según estudio de ITESO y Creatura

martes, 1 de octubre de 2019 · 19:13
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El costo de la impunidad en México asciende a 422 mil 390 millones de pesos al año, equivalente a 0.579% del Producto Interno Bruto (PIB), según una investigación realizada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y Critical Thinking Advocates (Creatura). En conferencia de prensa, en un hotel de esta capital, los coordinadores del estudio, Patricia De Obeso y Alejandro Anaya, revelaron que el estado de Guerrero registra el más alto índice de impunidad, con 97.5%, mientras que Baja California obtuvo el nivel más bajo con 91.9%. En el resto del país, el índice registró una variación de entre 92% y 97.5%.
“El país atraviesa por una grave crisis de impunidad que erosiona aún más la confianza de los mexicanos en sus instituciones. Esta situación ha traído innumerables costos, varios de ellos irreparables y difíciles de cuantificar. Miles de vidas se han perdido, otro tanto de familias ha quedado marcada para siempre por la desaparición de uno o varios de sus miembros, y no se puede despreciar la pérdida del bienestar físico y psicológico de víctimas y sus familiares”, afirmó De Obeso
La investigación, titulada “Costos de la Impunidad”, fue realizada por Daniel Vázquez, Laura Rubio, Horacio Ortiz y Eva Arceo, y se basó en tres vertientes: costos de violencia (relación calidad- legitimidad- institucional- homicidios), costos económicos de pérdidas de vida (calcula flujo salarial no realizado con base en edad, nivel educativo y género) y cálculo de pérdidas económicas por desaparición forzada y desplazamiento. El costo directo de la violencia refiere que el aumento de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes, relacionado con la “guerra contra el narcotráfico”, provocó una caída de 0.625% del PIB anualmente, puntualizó Eva Arceo. Los costos indirectos de violencia, añadió, provocan que 182 mil 306 jóvenes no terminen la secundaria, lo que se traduce en una pérdida salarial de 7 mil 792 millones de pesos. De acuerdo con el estudio, los costos por pérdida salarial ascienden a 135 mil millones de pesos --equivalente a 0.1507% del PIB anual--, considerando como salarios acumulados perdidos el asesinato de 228 mil 957 personas entre 2007 y 2018. De Obeso expuso que teniendo un crecimiento de 3% del PIB anual y sin “pérdida salarial acumulada de vidas entre 2007 y 2018”, la economía del país crecería 2.48% más en 2030, 6.07% más en 2040 y 11.79% más en 2050. Sobre los costos por desaparición forzada y desplazamiento, sostuvo que, si la efectividad institucional del gobierno y sus instituciones aumenta al nivel de Costa Rica, los homicidios se reducirían a la mitad, y de lograr la legitimidad política de Uruguay disminuirían casi 72%. Durante la presentación del análisis, Alejandro Anaya, profesor del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (DSOJ), comentó que si los costos logran disminuir, los índices de impunidad arrojarán menores tasas de desapariciones y desplazamientos forzados.
“Por cada punto porcentual que se lograra disminuir la impunidad en un estado determinado, se tendrían en promedio hasta 173 personas desaparecidas y hasta 182 víctimas de desplazamiento forzado menos al año”, abundó.
Los coordinadores del reporte coincidieron en que Michoacán, Jalisco, Morelos y Veracruz fueron los estados que registraron el mayor número de desapariciones en 2016. En Michoacán, por ejemplo, se abrieron 90 investigaciones por cada 100 homicidios y se obtuvieron 0.35 sentencias. De abrirse las 100 investigaciones, se tendrían mil 807 hogares desplazados menos. Y de haber obtenido 100 sentencias por cada 100 homicidios, se tendrían 15 mil 256 hogares desplazados menos, es decir, 35%.
“No hay recursos que alcancen para cubrir las pérdidas irreparables de la impunidad. Sólo de 2006 a 2017 se reportaron 209.401 homicidios, y considerando que cada víctima recibe 477.533 pesos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se necesitan al menos 100 años para sofocar la deuda”, concluyó De Obeso. (Con información de Manuel Alejandro Godínez)

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