CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detectó una serie de irregularidades en Centros de Reinserción Social de Baja California y Puebla, los cuales constituyen “factores de riesgo en materia de maltrato y tortura contra las personas privadas de la libertad”. En el Informe de Seguimiento “ISP-05/2018”, dirigido a los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública de Baja California, Francisco Rueda Gómez y José Fernando Sánchez González, respectivamente, quedó consignado que en los Centros de Reinserción Social “El Hongo”, “El Hongo 2”, “La Sección de Medidas Especiales” (a la sazón, “El Hongo 3”), así como en los Ceresos de Tijuana, Ensenada y Mexicali, todos bajo la competencia de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad federativa, persisten las siguientes anomalías: “Persisten el encierro de los indiciados las 24 horas de día y sólo salen una hora a la semana, los malos tratos por personal de seguridad (gritos humillaciones, golpes, discriminación y amenazas), y la carencia de servicios de salud y medicamentos”, señaló la CNDH. Explicó que como resultado de las visitas de supervisión durante julio de 2019, en que personal del Mecanismo entrevistó a 250 personas privadas de su libertad y entabló diálogo con el enlace designado respecto a las posibles medidas de aplicación para mejorar el trato y las condiciones de dignidad de las personas en prisión. También se acreditó la falta de mantenimiento e higiene en las instalaciones, insuficiencia de planchas, colchonetas y cobijas, alimentación de mala calidad y escasa, insuficiente personal de seguridad y falta de actividades deportivas, educativas y laborales, que representa el 24.55% de un total de 167 factores de riesgo que no se han mitigado en esos lugares. Por otra parte, el Informe de Seguimiento ISP-9/2018 se dirigió a Fernando Luis Manzanilla Prieto y Miguel Ildefonso Amezaga Ramírez, secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública de Puebla, respectivamente; así como a los presidentes municipales de Acatlán de Osorio, Libres, San Pedro Cholula y Tepeaca, de esa entidad federativa. Lo anterior, sobre los Ceresos distritales y regional, en los que persisten sobrepoblación,  falta de servicio de salud y medicamentos, irregularidades en la imposición de sanciones administrativas, inexistencia de manuales de procedimientos y protocolos para prevenir y atender incidentes violentos. En agosto pasado también se detectaron reglamentos no armonizados con la Ley Nacional de Ejecución Penal, falta de áreas exclusivas para mujeres, aparatos telefónicos, personal de seguridad, médico y técnico, de privacidad en las certificaciones médicas, así como de capacitación en materia de derechos humanos, prevención de la tortura y Protocolo de Estambul. De acuerdo con el informe, además de insuficiencia de modificaciones y adaptaciones para facilitar la accesibilidad de las personas mayores o con discapacidad física, lo que en suma representa el 49.36% de las irregularidades que persisten en esos lugares.