CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) desmintió que la declaración de Área Natural Protegida (ANP) “blinde” núcleos agrarios de los megaproyectos, toda vez que la Secretaría de Economía ha concesionado 60 mil hectáreas de las 180 ANP que existen actualmente, incluidos territorios de ANP “tipificadas como emblemáticas, como la Reserva de la Mariposa Monarca”. En un comunicado, la Rema consideró como “imprudente e inconsistente” la afirmación del responsable de la Procuraduría Agraria (PA), Luis Hernández Palacios Mirón, en el sentido de que “aquellos núcleos agrarios que decidan declarar el establecimiento de una ANP en su territorio, en automático quedarán blindados de la depredación de los megaproyectos que los amenacen”. La declaración ante medios de comunicación, el pasado viernes 11, se contrapone con las concesiones que ha otorgado la SE, y en particular la subsecretaría de Minería, que ha hecho concesiones territoriales de las 180 ANP, además de que el Servicio Geológico Mexicano refiere que “poco más de 70 de los principales proyectos mineros que tenemos en el país se ubican justamente en ANP”. Al destacar que la Ley Minera se ha impuesto por encima de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), la organización civil consideró que “los núcleos agrarios no necesitan establecer nuevos blindajes, sino que se respete su libre determinación”. Agregó que la creación de ANP ha sido una estrategia “que el propio gobierno hizo fracasar por falta de interés, de presupuesto, de obstaculización a los pueblos para participar de forma directa en la elaboración de planes de manejo, de investigaciones que nunca han regresado a las comunidades en procesos de extractivismo cognitivo, privilegiando a académicos VIP”. Las ANP, abundó, “de ninguna manera garantizan la protección de los ejidos y comunidades, más aún se han convertido en otra forma de despojo, ya que la propia LGEEPA, en estas áreas, restringe el uso y las actividades en el territorio a las y los propietarios de la tierra y sí permite el saqueo del conocimiento y biopiratería a universidades y empresas”. Tras exigir un posicionamiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre el “Protocolo Nagoya”, firmado durante la administración de Enrique Peña Nieto, “que otorga a las farmacéuticas alemanas el saqueo de nuestra biodiversidad genética”, Rema señaló que a través de programas de “regularización de tierras”, la PA y el Registro Agrario Nacional (RAN) “han facilitado a las empresas extractivas su entrada a los territorios y por consiguiente su destrucción”. Insistió que, si en verdad se quiere proteger a las comunidades, deben revisarse las políticas públicas que “siguen promoviendo la inversión extranjera y nacional en megaminería tóxica y en otros megaproyectos ajenos al interés y el bienestar de las comunidades, inversión basada en la oferta de empleos con salarios de miseria”. Apuntó que la forma de “blindar” a las comunidades es acabar con “el engaño de plantear que la integridad de los territorios se puede comprar”, así como con “las consultas sesgadas facciosas”, y que la PA y el RAN dejen “de actuar a favor de empresas y políticos, y que sólo cumplan con su función principal, la de ser verdaderos protectores de las y los integrantes de los núcleos agrarios”.