CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que los legisladores les dieron “atole con el dedo” porque no incluyeron sus demandas en la aprobación del dictamen relacionado con las llamadas “factureras”. “De nada o muy poco sirvieron los comunicados, las reuniones y sesiones de trabajo, nuestra participación en los ejercicios de Parlamento Abierto. Hubo muchísimas voces del sector privado y profesional que intentaron convencer del grave daño que a nuestro juicio estas reformas provocan”, señaló el organismo encabezado por Gustavo de Hoyos Walther. En conjunto con la Academia Fiscal Mexicana y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, destacó que la defraudación fiscal, genérica y equiparada, consistente en la omisión total o parcial del pago de alguna contribución o la obtención de un beneficio indebido con perjuicio al fisco federal, mediante engaños y/o aprovechamiento de errores, de ninguna manera debería ser considerada una amenaza a la seguridad nacional.

“Conforme a nuestra apreciación, la expedición y/o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas y/o actos jurídicos simulados, son conductas tipificadas en el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, es el tipo penal que debería ser materia del proyecto de decreto en cuestión, no así los delitos de defraudación fiscal ni defraudación fiscal equiparada, previstos en los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación”, explicó.

E insistió que la defraudación fiscal, genérica y/o equiparada, prevista en los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, no debía ser considerada una amenaza a la seguridad nacional, toda vez que generalmente se trata de omisión de contribuciones, totales o parciales, cuyos montos no ponen en riesgo la estabilidad económica del Estado. Sin embargo, agregó, de manera excepcional podrían acreditarse casos concretos de operaciones con recursos de procedencia ilícita cuya comisión sí ponga en riesgo la estabilidad financiera y/o económica del Estado Mexicano, pero en todo caso sería como consecuencia de diverso delito normalmente acompañado de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. Por lo anterior, advirtió el organismo empresarial, la reforma será cuestionada sobre su posible inconstitucionalidad, al pretender que la defraudación fiscal y/o la defraudación fiscal equiparada se consideren delitos que atentan contra la seguridad nacional. Esta mañana, por mayoría de votos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó diversas leyes para frenar la facturación falsa y la defraudación fiscal.