GINEBRA (apro).- En víspera de la sustentación del informe de México ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, colectivos de organizaciones de la sociedad civil mexicana entregaron a los expertos del Comité informes sobre supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército en sexenios pasados , cuestión a la que tendrá que responder el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El llamado "informe sombra" realizado en conjunto por la FIFDH, CMDPDH e I(DH)EAS, afirma que "las graves violaciones en México siguen patrones que dan cuenta de un actuar criminal repetido, esas violaciones a derechos humanos se cometen de forma sistemática y generalizada en contra de la población civil, bajo una política que permite y no castiga estos crímenes, por lo tanto argumentamos que constituyen crímenes de lesa humanidad". El informe analiza el carácter sistemático de diversos crímenes de lesa humanidad, principalmente tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y su vínculo con la obstrucción de justicia e impunidad, en donde se comprueba el “carácter organizado de los actos de violencia cometidos y la improbabilidad de su carácter fortuito”.

"Este carácter sistemático se traduce en la repetición deliberada y regular de comportamientos criminales similares, en donde existe un patrón de crímenes cuya similitud no es accidental y en donde hay elementos que desarrollan su carácter organizado, su patrón regular, su ejecución con base en una política común o con los recursos públicos o privados utilizados'', sostiene.

El día de mañana la delegación de México liderada por la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería Martha Delgado tendrá que responder a cuestionamientos de los expertos del Comité sobre el tema y se espera que se le exhorte a establecer una hoja de ruta sobre cómo solucionará el gobierno este patrón estructural de graves violaciones de derechos humanos heredado del pasado, cómo se dará seguimiento a las recomendaciones de la ONU y cómo se abatirá la violencia generalizada que se vive en el país que no ha disminuido desde que entró en funciones el actual gobierno. El informe observa que, de los casos conocidos por instancias nacionales e internacionales, “las víctimas de los crímenes de lesa humanidad son civiles, quienes al momento de su detención y posterior tortura se les acusó falsamente de algún delito relacionado con delincuencia organizada, tráfico de drogas, secuestro, portación de armas de uso exclusivo del ejército, entre los más comunes.

"Estos civiles son, en la mayoría de los casos, víctimas durante operativos en los que se les detiene de forma arbitraria en las llamadas ‘cacerías’, los cuales son presentados como miembros o colaboradores de cárteles. Los casos documentados por la CMDPDH muestran un escenario claro de crímenes cuyos patrones se repiten, es decir, se trata de casos similares que denotan la improbabilidad de su carácter fortuito", recalca el informe.

Militarización de la seguridad En el tema de las fuerzas armadas el informe destaca que en el caso de México la militarización de la seguridad pública no ha sido ni excepcional ni temporal, ni tampoco ha argumentado el Estado que la situación amerita proclamar un estado de excepción para justificar la militarización.

"Por el contrario, pareciera existir un estado de excepción de facto desde el 2006", afirma el informe.

El informe menciona que la Guardia Nacional (GN) nace en la norma como una institución de carácter civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pero "de facto es un cuerpo de seguridad militarizado, ya que no establece salvaguardias suficientes para poder asegurarse que la composición de la GN esté completamente depurada de fuerzas armadas". Agrega que la reforma Constitucional cuenta con varios artículos transitorios que autorizan al ejecutivo federal disponer de la fuerza armada permanente (Ejército y Marina) para hacer tareas de seguridad pública, “de la misma forma en la que se ha llevado a cabo por más de 12 años”. Detalla que el 12 de agosto, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, exmilitar y exgeneral de brigada del Estado Mayor de México, informó que 58 mil 602 elementos fueron desplegados en el territorio mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que 56 mil 191 de ellos provienen de la Policía Militar, la Policía Naval y la Secretaría de la Defensa Nacional, y dos mil 411 se han incorporado de la Policía Federal. Cuestión que "impide tener verdaderas salvaguardias para conservar el carácter civil de una fuerza de seguridad pública. Por ello argumentamos que no se cumplen con los criterios de excepcionalidad y temporalidad, lo cual resulta contrario al artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que México es parte. Por otro lado, acusan que, en el mes de marzo de 2019, fueron aprobadas tres leyes secundarias como consecuencia de la reforma constitucional que tuvo como objetivo la creación de la GN. Estas fueron: la Ley de Registro de Detenciones, Ley de Guardia Nacional y Ley de Uso de la Fuerza, las cuales en su análisis “resultan incompatibles con dicho Pacto y otros estándares internacionales”. Feminicidios y violencia de género El informe presentado al Comité refiere cifras sobre desapariciones, torturas, ejecuciones, asesinatos dolosos y otras graves violaciones de derechos humanos, con especial preocupación en la violencia contra la mujer y las niñas, discriminación, violencia de género y los feminicidios. Refiere que el Comité de la ONU contra la Discriminación de la Mujer (CEDAW) expresó al respecto profunda preocupación por la persistencia de los patrones de uso generalizado de la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas en México, “incluidas la violencia física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura sexual y los asesinatos, especialmente los feminicidios.” Respecto del número de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas en el país, el "informe sombra" reconoce que si bien el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) dejó de alimentarse desde abril de 2018 ya en esa fecha se reportaba un total de 37 mil 435 personas desaparecidas en el territorio mexicano (36 mil 265 en el fuero común y mil 170 en el fuero federal), de las cuales nueve mil 522 eran mujeres, incluidas cuatro mol192 niñas y adolescentes. Más de tres mil recomendaciones de la ONU El pasado 9 de octubre la sociedad civil tuvo una reunión con la subsecretaria Delgado en la que le plantearon su preocupación por "la falta de un diálogo con dicha Secretaría en torno a las prioridades de la política exterior en materia de derechos humanos", dijo a Apro Olga Guzmán de la CMDPDH. Detalló que tan solo durante los últimos dos años, siete de los nueve órganos de tratados de las Naciones Unidas han examinado el cumplimiento del Estado mexicano de los tratados relacionados a los trabajadores migratorios, los derechos económicos, sociales y culturales, la eliminación de la discriminación contra la mujer, a la desaparición forzada, a la tortura y recientemente, a la discriminación racial.

"Pese a que durante estas revisiones el Estado mexicano se ha mostrado aparentemente dispuesto y abierto al escrutinio internacional, ha fallado rotundamente en el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de dichas revisiones y en el establecimiento de un mecanismo de seguimiento que contemple la participación de víctimas, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil", resaltó Guzmán.

Es así que el Estado mexicano, después de constantes revisiones de órganos de tratados, e incluso de 24 visitas de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, así como de ser recién examinado en el marco del Mecanismo del Examen Periódico Universal, México va acumulando recomendaciones, incluso se estima que el Estado mexicano ha recibido más de tres mil. A su modo de ver "el principal desafío, es que dichos diagnósticos y recomendaciones sean incorporados en el desarrollo y construcción de políticas públicas y marcos normativos en el ámbito nacional". Por ello, "le solicitamos a la Cancillería implemente un mecanismo de seguimiento, adecuado, efectivo y que contemple la participación de la sociedad civil, para la correcta implementación de las recomendaciones emitidas por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos".

"Hasta el momento, reveló Guzmán, desconocemos cómo se cumplirá dicha solicitud, dado que la Secretaría de Gobernación se encuentra ya trabajando en el Plan Nacional de Derechos Humanos, sin que la SRE estuviera involucrada en el diseño del mismo y, por lo tanto, nos preocupa que las recomendaciones internacionales no estén siendo contempladas en dicho PNDH".

Por último, Guzmán lamentó que en el encuentro con Delgado "no vimos con claridad la ruta de trabajo con la cual participaremos en el Mecanismo de Seguimiento para el cumplimiento de las recomendaciones". mlv