CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Este miércoles, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará si atrae o no el amparo interpuesto por la asociación TOJIL Estrategia contra la Impunidad, que busca se le reconozca como “víctima” en el caso de desfalcos y corrupción protagonizados por el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. La facultad de atracción en el caso Duarte aparece cuatro meses después de que un juez federal determinó otorgarle el estatus de “víctima” a la asociación civil, por lo que, de resolverse a su favor, podría conocer y participar en las investigaciones. “Es fundamental que la Suprema Corte de Justicia atraiga este caso que establecerá un precedente para reconocer que todos somos víctimas de la corrupción”, dijo Adriana Greaves, cofundadora de TOJIL.

“De atraer este caso, estaríamos frente a una resolución histórica que permitiría hacer frente a la corrupción en México y a TOJIL participar directamente y como contrapeso en la investigación por corrupción detrás de la sentencia de Javier Duarte”, añadió Estefanía Medina, cofundadora del despacho.

En junio pasado, el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, encabezado por Juan Mateo Brieba Castro, otorgó a TOJIL la calidad de víctima en la carpeta de investigación que la entonces Procuraduría General de República (PGR) abrió contra el exgobernador, que purga una condena de nueve años de prisión. Es decir, con dicha sentencia, la asociación tendría la oportunidad de acceder a la investigación por delitos contra la administración de la justicia y cohecho. Cabe recalcar que la denuncia por este delito fue presentada por la misma organización.

“El caso (que revisaría la SCJN) deriva de un amparo histórico que fue otorgado por el juez Sexto de Distrito, Juan Mateo Brieba de Castro, quien el pasado 3 de junio resolvió darle la razón a la organización y ordenar que se le reconociera esta calidad y con ello la posibilidad de participar en la investigación en contra de diversos funcionarios de la hoy Fiscalía”, señalaron en un comunicado de prensa.

A decir de la organización, la atracción del caso y su posterior resolución a favor, sentaría un precedente histórico “sobre cómo se deben investigarse los delitos de corrupción”. En octubre del 2018, la PGR abrió una investigación contra Duarte de Ochoa por “posibles hechos de corrupción” y notificó a TOJIL Estrategia contra la Impunidad que ha dado inicio “a los actos de investigación necesarios”. En un comunicado, Tojil precisó que la PGR le informó del inicio de la investigación por los posibles delitos de cohecho y contra la administración de justicia en contra de los servidores públicos involucrados dentro del procedimiento abreviado en el que fue condenado Duarte. Destacó que, en caso de que se le reconozca la calidad de víctima dentro del procedimiento penal, ya sea por el Ministerio Público Federal o por un juez, “generará un gran precedente en materia de transparencia y acceso a la justicia en los casos vinculados a corrupción en México”. Desde entonces han buscado que la PGR, ahora Fiscalía General de la República, valide tener acceso a todo el expediente de investigación e incluso solicitar que se realicen actos de investigación como coadyuvante del Ministerio Público y así evitar negligencias o irregularidades.