CNDH emite recomendación a la CEAV ante falta de apoyo a víctimas de trata

miércoles, 16 de octubre de 2019
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ante el “estado de vulnerabilidad” en que dejó a víctimas de trata de personas rescatadas en 2013, al no brindarles el apoyo correspondiente, a pesar de que así le fue solicitado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR). De acuerdo a la recomendación 86/2019, enviada a la directora General de la Asesoría Jurídica de la Federal de la CEAV, Ana Pamela Romero Guerra, personal de la dependencia incurrió en “acciones y omisiones (…) que trasgredieron los derechos humanos a la seguridad jurídica de dos mujeres víctima de trata, así como el hijo de una de ellas. La investigación del caso refiere que el 9 de agosto, las dos mujeres de origen extranjero “fueron rescatadas en un operativo en materia de trata de personas que realizó la entonces Procuraduría General del Distrito Federal”. El caso fue atraído por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, que cada vez apoyaba económicamente a las víctimas, debido a que estaban imposibilitadas a trabajar, ante el riesgo que representaba para su integridad que no habían sido detenidos tres de cuatro presuntos responsables de los hechos que las involucraban. Según la queja presentada por las dos mujeres víctimas, a partir de 2015, el apoyo “fue suspendido sin previo aviso, argumentando que sólo tenían recursos para la investigación sugiriéndoles acudir a la CEAV”. En el documento recomendatorio se asienta que las víctimas acudieron a la CEAV para pedir apoyo, respondiéndoles que “no tenían habilitado el Fondo de Emergencia” en dos ocasiones, en otra “les ofrecieron una despensa y pañales” para el hijo de una de las víctimas, y en una más uno de los comisionados “se comprometió a que les reembolsaría sus gastos, pero había algunos que no se podían comprobar”. Por la investigación que llevó a cabo, la CNDH determinó que “el 20 de noviembre de 2014 un agente del Ministerio Público Federal solicitó a la CEAV que las víctimas fueran registradas para que se les brindaran las medidas de atención, asistencia y ayuda inmediatas, petición que además fue reiterada por la parte quejosa el 9 de marzo de 2016”. Sin embargo, “no fue sino hasta que esta Comisión Nacional solicitó a la CEAV implementara medidas cautelares en ese sentido, que se resolvió sobre las mismas, transcurriendo un periodo de aproximadamente dos años en que dejó en una situación de vulnerabilidad a las víctimas, toda vez que se trataba de personas extranjeras que no contaban con redes familiares de apoyo en el país ni con un trabajo para su subsistencia”. La CNDH observó que la dependencia tampoco consideró las necesidades del menor de edad, al no resolver “de forma inmediata ningún tipo de ayuda a su favor para sufragar los gastos relacionados con su subsistencia, siendo hasta el 12 de febrero de 2018, dos años más tarde, cuando dicha autoridad determinó otorgarle una medida especial de ayuda en su calidad de víctima indirecta, por lo que se vulneró su derecho al interés superior de la niñez”. Las violaciones a derechos humanos por parte de la CEAV no terminaron ahí, sino que una vez que se les dio acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, “se acreditaron incumplimientos en los plazos fijados para los pagos y depósitos por concepto de alimentación y alojamiento en perjuicio de las víctimas, aunado a ello, se evidenció falta de diligencia para resolver sobre la procedencia de la compensación subsidiaria a favor de las tres víctimas de trata de personas”. Además “no llevó a cabo acciones necesarias para reservar la identidad de una de las víctimas, a pesar de que existía una solicitud expresa por parte de la quejosa para que las actuaciones que esta autoridad llevase a cabo, se usara el nombre clave que tenía asignado y no sus datos reales”, en tanto que una de las víctimas “fue agredida verbalmente por una servidora pública de la CEAV”, con lo que se vulneró su integridad personal. La CNDH recomendó a quien se encuentra como responsable de la CEAV, en tanto se designa un nuevo comisionado presidente, que “se inscriba a las personas agraviadas en el Registro Nacional de Víctimas como víctimas de violaciones a derechos humanos, para que tengan acceso en lo conducente al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Víctimas, y se brinde a las personas adultas la atención psicológica y/o psiquiátrica que requieran para reestablecer su salud física y mental”. Instruyó a la dependencia a coordinarse con víctimas y sus representantes legales para “revisar las acciones de seguimiento a sus peticiones y solicitudes que no han sido atendidas”, El organismo recomendó capacitar a todo el personal de la CEAV sobre el “Modelo Integral de Atención a Víctimas”, “Principios y Directrices Recomendados sobre Derechos Humanos y Trata de Personas” y “Lineamientos para el Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”, éste último dirigido al personal que opera el Fondo de Ayuda. Al señalar que también tendrán que ser capacitados sobre los derechos de las víctimas los servidores públicos que dan “acompañamiento integral, asesoría jurídica y trabajo social”, la CNDH fijó un plazo de seis meses para que la CEAV realicé un diagnóstico “sobre las capacidades institucionales y los procesos de atención a víctimas del delito de trata de personas, para evaluar los mecanismos de vinculación, coordinación y respuesta entre cada una de las direcciones generales y de área encargadas de prestar servicio a las y los usuarios”. Hecho lo anterior, “deberán adoptarse medidas administrativas como circulares, lineamientos, guías o manuales y proponer las mejoras legislativas conducentes para subsanar las deficiencias detectadas; emitir e implementar protocolos, uno para establecer los procesos de interacción y/o comunicación entre las direcciones generales y de área, y otro de protección de identidad de las víctimas de los delitos en materia de trata de personas para el resguardo de sus datos personales y la protección a su derecho a la privacidad e intimidad”.  

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