CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El brazo de la delincuencia organizada persigue a desplazados de la comunidad de Monterde, municipio de Guazapares, una población localizada en la Sierra Tarahumara, en los límites con el estado de Sinaloa. Y es que desde el pasado 12 de octubre se desconoce el paradero de Cruz Soto Caraveo, quien huyó del municipio junto con su familia y otros integrantes de la comunidad, en 2014, después de recibir amenazas de muerte de uno de los grupos delictivos que controlan la Sierra Tarahumara que los habrían despojado de sus tierras para sembrar drogas. El sábado 12 de octubre, Cruz Soto viajó a Témoris, del municipio de Guazapares. Salió de la ciudad de Chihuahua, donde es apoyado con su familia con una vivienda temporal. Al siguiente, después de reunirse con personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de gobierno federal, en la presidencia municipal, fue privado de su libertad junto con otro hombre que lo acompañaba. Ambos se dirigían en una camioneta a la comunidad Los Llanos, en el mismo municipio, cuando hombres armados que no se identificaron, los obligaron a descender del vehículo, los esposaron y se los llevaron, informó el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), organización que lleva el caso de desplazamiento forzado. Hasta el momento se desconoce su paradero. El Cedehm recordó que el agosto de 2018, los integrantes de las comunidades de Monterde y de El Manzano, del municipio de Uruachi que también se encuentran desplazados, regresaron a sus casas con resguardo de la Policía Estatal de Chihuahua. Poco más de 24 horas después el cuerpo de un hombre que era familiar de la esposa de Soto Caraveo. El cuerpo del hombre asesinado tenía un mensaje escrito, en el que amenazaba de muerte a Soto Caraveo, por acusar de manera activa la situación de la zona de la Tarahumara. Cruz Soto y su familia huyeron de su tierra en el 2014, cuando un grupo delictivo asesinó al comisario ejidal de Monterde, Alejandro Soto, quien era hermano de Cruz. Tras este homicidio cerca de un centenar de personas dejaron sus viviendas. En tanto que los habitantes de la comunidad de El Manzano, que se vio obligada a huir en marzo de 2015, cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los pobladores de El Manzano, al igual que la gente de Monterde, sufren desplazamiento forzado. El Cedehm ha cifrado en 185 el número de afectados. El año pasado, pidieron ir a ver sus propiedades. Cuando regresaron a la capital del estado, les informaron del asesinato de un padre y su hijo en Monterde, como represalia. Una semana después, visitó Chihuahua Cecilia Jiménez-Damary, relatora especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos para entrevistarse con personas desplazadas, entre ellas Cruz Soto. El exgobernador indígena de El Manzano y exsíndico del municipio de Uruachi, Cruz Sánchez, ha perdido a dos hijos que intentaron defenderse del grupo delictivo que controla aquella región. En marzo de 2015 su hijo Benjamín Sánchez fue asesinado por negarse a ser reclutado por los criminales. En junio de 2016 su otro hijo, Guillermo Cruz también fue ejecutado. El expediente de la CIDH, MC-106/15, detalla: "El reclutamiento de grupos indígenas rarámuri tiene como fin hacerlos sicarios, para que hagan mal a otra gente y participen en las actividades criminales de esos grupos. Somos indígenas de la etnia rarámuri, toda la vida hemos vivido en ese lugar de forma pacífica, somos ejidatarios, nunca hemos tenido problemas”. En el caso de Cruz Soto, el Cedehm informó que en diferentes ocasiones, él y "otras personas desplazadas se han entrevistado con autoridades para demandar la aprehensión del grupo del crimen organizado que opera en la zona y así poder regresar en condiciones de seguridad a sus comunidades. La última ocasión fue el 22 de marzo de 2019, en el marco de la revisión de las medidas cautelares de El Manzano, en donde de viva voz (Cruz Soto) denunció las amenazas sufridas y exigió la atención de sus casos". La denuncia la hizo frente al titular de la Unidad para la defensa de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, de personal de la Secretaría General de gobierno de Chihuahua y de la Fiscalía General del Estado. El Cedehm pidió escribir a la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para exigir la localización de Cruz Soto Caraveo y para que otros integrantes de la comunidad que se encuentran desplazados en Chihuahua cuenten con medidas de protección.